Comité británico pide prohibir la tecnología china en infraestructura crítica por riesgos de sabotaje remoto

Un comité de la Cámara de los Comunes pidió prohibir la tecnología china en la infraestructura nacional crítica de Reino Unido ante el riesgo de que el régimen de Beijing pueda desactivar vehículos a distancia o acceder a información sensible. La iniciativa apunta a sustituir de forma progresiva los equipos conectados fabricados en países considerados de alto riesgo, según The Times.

Los fabricantes chinos concentran hasta el 79% del mercado mundial de módulos celulares para el internet de las cosas, los dispositivos que permiten que vehículos, terminales de pago y otros equipos intercambien información mediante redes móviles. Su expansión, advirtió el comité, elevó la exposición británica a interferencias externas y a la dependencia de las cadenas de suministro chinas.

La recomendación se centra en los vehículos utilizados por el Gobierno, la defensa y los servicios de emergencia. Los parlamentarios también reclamaron conversaciones urgentes con las empresas de telecomunicaciones para supervisar los datos que los vehículos conectados transmiten a fabricantes extranjeros.

Vehículos conectados y riesgos de sabotaje remoto

El comité alertó de que esos intercambios de datos pueden dejar a los vehículos expuestos a ataques informáticos o a sabotajes remotos ejecutados por Estados hostiles. La preocupación se extiende a los automóviles y a la tecnología móvil fabricados en China, que ya forman parte de servicios e infraestructuras británicas.

Como antecedente, los legisladores citaron una investigación noruega sobre un autobús de la empresa china Yutong. El análisis determinó que era posible acceder a distancia a equipos conectados con la batería y el motor del vehículo.

El comité reconoció, sin embargo, que los autobuses Yutong vendidos en Reino Unido no pueden recibir actualizaciones de software inalámbricas. Los ministros también habían concluido que la seguridad de esos programas cumplía con las exigencias del Gobierno.

La propuesta parlamentaria exige identificar los equipos afectados y reemplazarlos gradualmente. Los diputados sostuvieron que Londres debe informar al Parlamento sobre los avances dentro de un año.

La advertencia abarca la creciente presencia de tecnología china de mayor sofisticación en la infraestructura británica. En caso de una crisis internacional, esa integración podría dejar al país expuesto a vigilancia o interrupciones de servicios.

Críticas por una política cambiante hacia Beijing

Liam Byrne, presidente del comité, acusó al Gobierno de elaborar su política hacia China sobre la marcha. “Las empresas británicas no pueden planificar el futuro cuando el Gobierno sigue improvisando su política sobre China”, afirmó.

El dirigente recordó que los ministros habían prometido claridad y coherencia en su enfoque. “En cambio, tenemos oportunidades perdidas, riesgos sin gestionar y decisiones dejadas para el último momento. Reino Unido debe definir su propia relación con China o arriesgarse a que esa relación sea definida por nosotros en Washington o Beijing”, sostuvo Byrne.

También pidió mantener una relación comercial bajo controles propios: “Reino Unido debe controlar, gestionar los riesgos que podamos mitigar y respaldar a las empresas británicas donde el comercio pueda crecer”.

El informe cuestionó que el Gobierno haya incumplido su promesa de 2024 de crear un enfoque británico “nuevo, estratégico, a largo plazo y coherente” sobre China. Los legisladores objetaron, además, que el Ejecutivo rechace crear un registro de países que representen una amenaza para las redes y prefiera evaluar a cada proveedor.

Según el comité, ese sistema puede ser eludido por compañías extranjeras que operen bajo otras denominaciones. La identificación de los países de origen, argumentaron los diputados, permitiría establecer vetos y facilitar el recambio de los componentes comprometidos.

Entre los casos citados figura el bloqueo de una inversión de £ 1.500 millones para instalar una fábrica de turbinas eólicas de Ming Yang. La operación fue frenada por motivos de seguridad nacional no especificados después de años de debate.

Los parlamentarios también mencionaron la toma de control de British Steel a sus propietarios chinos en el último momento. Ambas decisiones, señalaron, estuvieron marcadas por la “reactividad, inconsistencia y opacidad”.

El comité propuso un marco de crecimiento con riesgos administrados para el vínculo con China. La llamada “zona roja” debería incluir las capacidades estratégicas que Reino Unido debe conservar bajo control soberano y quedar fuera del comercio y la inversión chinos.

En una “zona verde”, donde se alentaría el comercio, el Gobierno debería apoyar de forma focalizada a las empresas, especialmente a las pequeñas. Las medidas sugeridas incluyen negociar un mejor acceso a los mercados, ampliar la financiación para exportaciones y mejorar la orientación para las compañías.

El Gobierno rechazó la conclusión del comité y defendió su estrategia. “Nuestro enfoque hacia China es coherente: cooperaremos cuando podamos y cuestionaremos cuando debamos”, indicó.