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Visas y reencuentros condicionados: el nuevo camino de China para presionar a uigures en el exterior

Una apertura discreta desde 2023 cambió el cálculo de una diáspora marcada por años de separación. Entre promesas, silencios y control del relato, el costo aparece cuando el viaje ya empezó

Ilustración de una mujer, una niña y un hombre de apariencia uigur en un puente, separados por una figura de uniforme con brazalete rojo. Un cartel con la bandera de China está visible.
Una ilustración muestra a una familia uigur intentando reunirse sobre un puente, mientras una figura de autoridad china los separa frente a un cartel con el logo del Partido Comunista Chino. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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China encontró en las visas una vía menos visible para coaccionar a los uigures en el exterior: según un análisis publicado por Foreign Policy, la apertura discreta de viajes a Xinjiang desde 2023 permitió a Beijing ofrecer reencuentros familiares a cambio de silencio, colaboración o propaganda, una táctica de alto impacto político que elude con facilidad los marcos legales diseñados para formas más explícitas de represión transnacional.

El giro aparece en un contexto más amplio. De acuerdo con datos del think tank Freedom House, 54 gobiernos, más de una cuarta parte de los Estados del mundo, realizaron al menos 1.375 incidentes físicos directos de represión transnacional entre 2014 y 2025 en más de 100 países anfitriones.

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Ese fenómeno ya entró de lleno en los debates de seguridad de las democracias occidentales. En 2025, los líderes del G-7 emitieron una declaración conjunta sobre el tema y el Parlamento Europeo aprobó una resolución sobre la represión transnacional dirigida contra defensores de derechos humanos.

El artículo, firmado por Adrian Zenz, investigador principal en estudios sobre China de la Victims of Communism Memorial Foundation, y la investigadora y activista uigur Muetter Tohti, sostiene que el repertorio estatal ya no se limita a la coerción directa. Su argumento es que, además de reprimir, los regímenes autoritarios también buscan cooptar a sus diásporas con beneficios condicionados y fabricar consentimiento con propaganda y control del relato.

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El caso que examina la publicación se centra en la diáspora uigur. Desde 2023, el régimen chino permitió de manera no anunciada visitas de uigures residentes en el exterior a Xinjiang, una decisión que se difundió de boca en boca y que pasó de unos pocos casos desesperados a una práctica cada vez más extendida.

Un activista uigur radicado en Washington dijo al medio que en 2024 muchos uigures estadounidenses todavía ocultaban esos viajes por temor a las críticas de otros miembros de la comunidad. Para 2025, agregó, la práctica ya se había normalizado.

Las denuncias sobre los campos de concentración en Xinjiang generaron que Xi Jinping ordenara una campaña transnacional para revertir la imagen del régimen de China (Europa Press)
Las denuncias sobre los campos de concentración en Xinjiang generaron que Xi Jinping ordenara una campaña transnacional para revertir la imagen del régimen de China (Europa Press)

El estudio define el mecanismo central de esa política como un “incentivo restaurativo”. Primero, el régimen comandado por Xi Jinping produjo la privación: durante años, Beijing aisló Xinjiang del mundo exterior y llegó a detener a uigures solo por recibir llamadas desde el extranjero; Tohti contó que en 2017 tuvo que cortar el contacto con su propia abuela.

Después de haber provocado esa separación, el Estado ofrece devolver lo que retiró. Elfidar Iltebir, exjefa de la Uyghur American Association, explicó a los autores: “Los uigures están dispuestos a arriesgarlo todo por una visita final, quizá para ver por última vez a un padre moribundo”.

Para quienes aceptan viajar, el costo suele aparecer al llegar. En entrevistas confidenciales y grabaciones filtradas, varios uigures que visitaron Xinjiang en 2023 y 2024 relataron que fueron interrogados por la policía en el aeropuerto.

A un hombre uigur estadounidense le ofrecieron empleos, financiación para negocios y permisos de viaje para su familia. “A cambio, queremos que seas nuestro informante”, le dijeron los funcionarios. “Si hay algo que te llame la atención en las comunidades uigures en el extranjero, queremos estar informados sobre eso. Si cooperas bien con nosotros, también podemos ayudar a enviar a tus padres y a tu hermana menor contigo”.

Cuando dudó, lo amenazaron con enviar a sus padres a un campo de reeducación. Otros visitantes recibieron instrucciones para actuar como difusores de propaganda al regresar a sus países de residencia.

La presión fracturó a la diáspora y redujo los testimonios

Una joven uigur fue instruida para “decirles a todos los demás sobre tu buena experiencia cuando regreses”. Otra visitante fue grabada en video mientras leía un texto preparado que afirmaba que “los uigures están bien y Xinjiang está prosperando”.

Según Foreign Policy, esa mujer todavía siente que debe mantener contacto con la policía por temor a que la grabación se difunda y la señale como traidora dentro de su propia comunidad. A comienzos de este año, un uigur radicado en Estambul que había participado en cuatro giras organizadas por el régimen chino fue detenido durante una visita privada y condenado a seis años de prisión.

El efecto dentro de la diáspora fue inmediato. A medida que más viajeros regresaron aparentemente sin daños, cambió la percepción del riesgo y el silencio empezó a parecer un precio asumible para reencontrarse con familiares después de años de separación, con una caída pronunciada de la participación en protestas y campañas de incidencia.

La pregunta sobre viajar o no viajar también profundizó la desconfianza entre uigures en el exterior. Quienes van se exponen a ser vistos como colaboradores; quienes no van sospechan de los retornados y se preguntan quién actúa ahora por encargo del Partido Comunista Chino (PCC).

Algunos miembros de la diáspora llevan una doble vida: en privado cuentan los interrogatorios, pero en público insisten en que todo es normal. Un activista uigur en Washington resumió ese cambio con una frase citada por la publicación: “Está cambiando cómo los uigures en Estados Unidos hablan, se conectan y confían unos en otros”.

Para el pequeño grupo que documenta abusos, el aislamiento se volvió más agudo. La defensora de derechos Jewher Ilham fue excluida de una boda después de que la policía de Xinjiang advirtiera a los anfitriones por WeChat que no asistiera.

Para describir esta mutación, los autores introducen el concepto de “transgresividad”: el grado en que una táctica viola las leyes del país anfitrión y las normas internacionales. Un asesinato o un secuestro tienen gran impacto, pero también son altamente transgresivos y atraen persecución penal y atención global.

Una visita familiar condicionada puede moldear la conducta de una diáspora con una fuerza comparable, pero no infringe ninguna ley en Washington o Berlín. La tesis del estudio es que Beijing está adaptando su estrategia para privilegiar métodos de baja transgresividad y alto rendimiento político.

Ese enfoque también encaja con lo que algunos académicos llaman “gestión autoritaria de la imagen”: el esfuerzo sistemático de las autocracias por difundir narrativas favorables sobre sí mismas en el exterior y bloquear a sus críticos. Desde que Xi Jinping ordenó en 2022 “contar bien la historia del Xinjiang de China”, Beijing volcó recursos a recomponer la imagen internacional de la región.

En enero, medios estatales chinos celebraron la llegada de 42 residentes nacidos en Xinjiang y radicados en Turquía para una gira por su lugar de origen organizada por el consulado chino y el Departamento de Trabajo del Frente Unido del Partido Comunista Chino. El objetivo oficial era que los participantes pudieran “presenciar personalmente los logros del desarrollo de Xinjiang”.

El artículo vincula este patrón con otros casos fuera de China. Eritrea condicionó servicios consulares y derechos de propiedad en su territorio al pago de un impuesto de la diáspora y a la quietud política; en 2023, Belarús creó una comisión para que los exiliados pidieran un retorno seguro tras “arrepentirse” y luego usó ese mecanismo para obtener declaraciones favorables al régimen e inteligencia.

También menciona a Siria bajo la dictadura de Bashar al-Assad, donde el retorno de refugiados dependía de autorizaciones de seguridad y acuerdos de reconciliación con los servicios de inteligencia, y a Ruanda, que recurrió a giras organizadas y campamentos de educación cívica para atraer a su diáspora.

La ventaja de estas tácticas para los Estados es que quedan por debajo del umbral de la persecución penal. Un fiscal puede acusar a un asesino, pero no existe una ley contra los “incentivos restaurativos”.

Las democracias occidentales comenzaron a redactar leyes y directrices contra la represión transnacional, pero el análisis advierte que esos instrumentos, calibrados para las tácticas de ayer, pueden resultar insuficientes frente a adversarios que innovan más rápido de lo que legislan los sistemas democráticos.

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