Estados Unidos endureció este jueves su política exterior con el anuncio del mayor paquete de sanciones hasta la fecha contra el movimiento yemení Ansar Alá (hutíes), en respuesta al aumento de la inestabilidad en Oriente Medio y los ataques recientes en el mar Rojo, según detalló la agencia Europa Press.
Las restricciones, coordinadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, alcanzan a 32 personas, entidades y cuatro embarcaciones, incorporando a actores con presencia en Yemen, China, Emiratos Árabes Unidos y las Islas Marshall.
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El paquete de medidas estadounidenses responde a una investigación exhaustiva sobre la compleja red de financiamiento y las operaciones de contrabando que han sostenido a los hutíes desde su control en Saná, en 2015.
En este contexto, las sanciones anunciadas por Washington implican el congelamiento inmediato de todos los bienes e intereses de los individuos y entidades sancionados que se encuentren en territorio estadounidense o bajo control de personas estadounidenses.
Esto significa que ninguno de los sancionados podrá disponer de sus fondos o activos en bancos estadounidenses, ni realizar operaciones comerciales dentro del país. Además, cualquier transacción, acuerdo o relación comercial entre ciudadanos estadounidenses y quienes figuran en la lista de sancionados queda absolutamente prohibida, extendiendo así el alcance de las restricciones incluso a compañías o agentes indirectos.
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Las sanciones también afectan a sociedades en las que las personas designadas tengan, de forma directa o indirecta, una participación igual o superior al 50%, bloqueando a esas empresas ante el sistema financiero de Estados Unidos.
Al ser incluidas en este paquete de sanciones, las personas, empresas y embarcaciones señaladas pasan automáticamente a formar parte de la lista negra del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
En este sentido, la OFAC identificó la importación de petróleo y materias primas, así como el uso de empresas fachada y agentes transnacionales, como canales principales para la obtención de recursos en Asia, Oriente Medio y África.
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Según el Departamento del Tesoro, este enfoque busca “quebrar un andamiaje económico internacional que sostiene la estructura militar hutí”, dificultando así la adquisición de armas, incluyendo misiles balísticos y sistemas de drones, y limitando los recursos para nuevas ofensivas.
La decisión estadounidense se apoya, además, en la documentación de prácticas internas de expropiación y corrupción impulsadas por la cúpula hutí, destacando el caso de Saleh Mesfer Alshaer como administrador de activos confiscados por más de USD 100 millones, mientras empresas como Shibam Holding y Yemen Armored Comprehensive Security Services gestionaban estos fondos.
En este contexto, el rigor de las sanciones estadounidenses adquiere una doble dimensión: debilitar la estructura financiera y operativa hutí, y ejercer presión sobre quienes faciliten o respalden las operaciones armadas del grupo. El reciente episodio de la detención y liberación de Lana Shukri Kataw, representante adjunta de UNICEF, subraya la complejidad diplomática y la volatilidad de la situación, donde los canales humanitarios y de negociación resultan constantemente amenazados.
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(Con información de Europa Press)
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