El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia emitió este lunes una instrucción para llevar a cabo jornadas de verificación de las detenciones preventivas en todos los procesos judiciales del país. La medida surge tras las protestas de varios presos que reclamaron un “trato igualitario” con respecto a tres políticos involucrados en la crisis de 2019, cuyos casos serán revisados.
Romer Saucedo, presidente del TSJ, ordenó formalmente a las autoridades de los tribunales departamentales que inicien “de manera inmediata” estas jornadas, con el objetivo de comprobar que se cumpla correctamente la medida cautelar de detención preventiva en todos los casos bajo la jurisdicción de cada juzgado o tribunal.
La decisión llega luego de que cientos de presos en distintas cárceles del país protestaran este lunes exigiendo la revisión de sus detenciones, similares a las que se aplican a la ex presidenta interina Jeanine Áñez, al suspendido gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y al ex líder ciudadano de Potosí, Marco Pumari.
El TSJ indicó que las jornadas deben realizarse en todos los centros penitenciarios y coordinarse con el Ministerio Público, el Servicio Plurinacional de Defensa Pública y las direcciones departamentales de Régimen Penitenciario, “para el éxito de lo encomendado”. Además, en los casos en que los detenidos se encuentren en cárceles distintas al lugar del proceso, “se deberá ordenar el traslado correspondiente del detenido o en su defecto y de manera excepcional el uso de medios virtuales tecnológicos”.
“Que ellos salgan libres, pero también que salgan libres todos los presos que están más de tres años (con detención preventiva), hemos pedido una reunión con el presidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Santa Cruz”, dijo un dirigente de los presos del penal de Palmasola.
En San Pedro, La Paz, los internos realizaron una protesta en el patio del penal, quemando objetos y exhibiendo carteles con mensajes como “Justicia para todos” y “Queremos un trato igualitario”.
El viernes pasado, el TSJ había ordenado verificar en un plazo de 24 horas el cumplimiento de los plazos de las detenciones preventivas en los procesos de Áñez, Camacho y Pumari. Según el Supremo, los jueces que ejercen control sobre estos casos deben realizar la revisión incluso de oficio y tomar las decisiones que procedan a “resolver lo que en derecho corresponda”.
El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, aseguró que el Ejecutivo respeta “la independencia de órganos y la no injerencia de las decisiones del uno sobre el otro”. Ríos valoró que el TSJ instruya la revisión de las detenciones preventivas y el “uso desmedido” de esa medida cautelar.
Sin embargo, resaltó la importancia de que estas revisiones se apliquen de manera general, considerando que entre el 65 y 70% de los reclusos bolivianos aún no tienen sentencia firme.
(Con información de EFE)
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