El destacado activista hongkonés Joshua Wong fue nuevamente imputado por la Justicia bajo la controvertida ley de seguridad nacional impuesta por China. En esta oportunidad, al joven de 28 años se lo acusa de conspiración para coludirse con fuerzas extranjeras y poner en peligro la seguridad nacional, lo que representa un nuevo capítulo en su larga historia de enfrentamientos legales con las autoridades de Beijing.
La fiscalía lo acusa de conspirar con otros activistas, entre ellos Nathan Law, para instar a gobiernos y organizaciones extranjeras a imponer sanciones y efectuar acciones hostiles contra Hong Kong y China, con el objetivo de interrumpir la creación y aplicación de políticas gubernamentales, algo que consideran un riesgo significativo para la seguridad nacional.
Asimismo, se lo señala de “manejar propiedades que se sabe o se cree que representan ganancias de un delito imputable”, según informaron las fuerzas de seguridad nacionales.
Sin ofrecer muchos detalles durante la audiencia, la Fiscalía alegó que los delitos habrían ocurrido entre julio y noviembre de 2020, y conllevan una pena que va hasta la cadena perpetua.
Tras escuchar los cargos, Wong, más delgado y con semblante serio, expresó su entendimiento de las acusaciones y, a continuación, los magistrados anunciaron que el juicio se aplazaría hasta agosto.
En tanto, continuará en la prisión de Stanley, donde cumple, desde 2024, una condena de cuatro años y ocho meses de por supuesta subversión.
Este es el segundo enfrentamiento del activista con la ley de seguridad nacional, la cual ha sido duramente criticada por su impacto sobre las libertades civiles en Hong Kong. Sus detractores, incluyendo varios gobiernos y organizaciones internacionales, afirman que esta ley ha sofocado el robusto movimiento prodemocrático de la región.
Wong es una de las principales víctimas de esta legislación a raíz de su activismo en contra del autoritarismo del Partido Comunista chino.
El joven ganó notoriedad inicialmente en 2012 como líder estudiantil en las protestas contra la educación nacional en escuelas locales, una movida vista por muchos como un intento de China de reforzar su control sobre Hong Kong. Dos años después, se elevó a prominencia internacional durante el Movimiento Occupy, en el cual jóvenes activistas exigieron reformas democráticas.
Tras su participación en las manifestaciones masivas de 2014, Wong cofundó el partido político Demosisto junto a otros jóvenes líderes, como Nathan Law y Agnes Chow. Aunque Demosisto abogó por más autonomía para Hong Kong, fue disuelto en 2020 tras la implementación de la ley de seguridad nacional.
En el contexto de las protestas de 2019, Wong viajó internacionalmente buscando apoyo para la causa prodemocrática de su país, un acto que enfadó a las autoridades chinas que lo calificaron como un promotor de la independencia de Hong Kong. Beijing lo acusó de “suplicar por la interferencia” de fuerzas extranjeras, lo que exacerbó su estatus como figura especialmente problemática para el gobierno chino.
Sin embargo, el oficialismo chino sostiene que la implementación de la ley en los tribunales ha devuelto la estabilidad a la ciudad, limitando las protestas y las actividades disidentes.
Como parte de esta campaña de “estabilización”, en 2023, las autoridades de Hong Kong ofrecieron recompensas de 127.600 dólares por información que condujera al arresto de Nathan Law y otros activistas que ahora residen en el extranjero.
La acusación contra Wong ha generado reacciones internacionales contundentes. Sarah Brooks, directora de Amnistía Internacional en China, expresó su preocupación sobre cómo la ley de seguridad arremete contra los derechos humanos en Hong Kong.
En un comunicado, sostuvo que la última acusación contra el disidente expuso que “la capacidad de la ley de seguridad para ser utilizada por las autoridades de Hong Kong para amenazar los derechos humanos en la ciudad es tan potente y presente como siempre”.
“Este último cargo en su contra subraya el miedo de las autoridades a los disidentes prominentes y muestra hasta dónde llegarán para mantenerlos tras las rejas el mayor tiempo posible, continuando así un efecto escalofriante sobre el activismo cívico en la ciudad”, resaltó, instando al gobierno a retirar el cargo y cesar la aplicación de la ley.
(Con información de AP)
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