Reino Unido exigirá diez años de residencia legal a los extranjeros que aspiren a la nacionalidad británica

El primer ministro británico, Keir Starmer, presentará este lunes un nuevo paquete de medidas para frenar lo que calificó como una migración “descontrolada”.

Una de las disposiciones centrales será duplicar de cinco a diez años el período mínimo de residencia legal requerido para que un extranjero pueda solicitar la nacionalidad británica, según informó su oficina en Downing Street.

Durante una rueda de prensa en Londres, Starmer explicará que estas medidas marcarán “el fin del fallido experimento británico de fronteras abiertas”.

El líder laborista, que asumió el poder tras una victoria electoral contundente en julio pasado, enfatizará que “vivir en este país es un privilegio que hay que ganar”, al tiempo que describirá el nuevo sistema como un respaldo a los trabajadores británicos.

“El nuevo sistema pondrá fin al asentamiento automático y la ciudadanía para cualquier persona que viva aquí durante cinco años. En cambio, los inmigrantes deben pasar una década en el Reino Unido antes de solicitar quedarse, a menos que puedan demostrar una contribución real y duradera a la economía y la sociedad”, indicó el Gobierno en un comunicado.

Las nuevas disposiciones también elevarán los requisitos del idioma inglés en todas las rutas migratorias, incluyendo las visas de trabajo, estudio y reunificación familiar. Esta reforma se anticipa a la publicación del Libro Blanco sobre Inmigración, que verá la luz este mismo lunes y que responde al incremento en las cifras de migración neta registradas en el país.

Según datos gubernamentales, la migración neta alcanzó cerca del millón de personas en 2023, cuadruplicando la cifra de 2019. No obstante, el Ejecutivo asegura que desde la llegada del nuevo gobierno, los visados han disminuido un 40%.

Además, el Ejecutivo afirma haber expulsado a más de 24.000 personas sin derecho a residir en el Reino Unido desde las elecciones, “la tasa más alta en ocho años”, incluyendo un aumento del 16% en deportaciones de delincuentes extranjeros.

En declaraciones divulgadas por Downing Street, Starmer sostuvo que “cada área del sistema de inmigración, incluyendo trabajo, familia y estudio, se endurecerá para que tengamos más control. La aplicación de la ley será más estricta que nunca y los números de migración disminuirán. Crearemos un sistema que sea controlado, selectivo y justo”.

Estas medidas surgen en un contexto de presión política. El tema migratorio ha dominado el debate público desde hace décadas, intensificándose tras la expansión de la Unión Europea hacia Europa del Este en 2004.

Mientras que la mayoría de los países miembros aplicaron restricciones temporales, el Reino Unido abrió de inmediato su mercado laboral, lo que provocó un fuerte aumento de la inmigración.

El intento de controlar estos flujos llevó al entonces primer ministro David Cameron a prometer en 2010 reducir la migración neta anual a menos de 100.000 personas, una meta que cuatro gobiernos conservadores sucesivos no consiguieron alcanzar. La frustración por esta incapacidad influyó en el referéndum del Brexit en 2016, cuando el Reino Unido votó por abandonar la UE con la promesa de recuperar el control de sus fronteras.

Sin embargo, la salida del bloque no se tradujo en una reducción sustancial del ingreso de personas por vías legales, como visas de trabajo o estudio. En paralelo, el país ha sido testigo del arribo de decenas de miles de migrantes por vías irregulares. En 2024, unas 37.000 personas cruzaron el Canal de la Mancha en pequeñas embarcaciones, una cifra inferior a las 45.755 registradas en 2022, según el Ministerio del Interior.

La preocupación pública quedó reflejada en las recientes elecciones locales, donde el partido Reform UK logró avances importantes utilizando la inmigración como tema central.

“La gente está indignada, furiosa, por los niveles de inmigración tanto legal como ilegal”, afirmó Richard Tice, líder adjunto del partido, en entrevista con Sky News.

A pesar de la presión, el gobierno de Starmer no se plantea establecer un nuevo objetivo cuantitativo. La secretaria del Interior, Yvette Cooper, declaró el domingo que “no vamos a adoptar ese enfoque realmente fallido, porque creo que lo que necesitamos hacer es reconstruir la credibilidad y la confianza en todo el sistema”. En su lugar, el Ejecutivo se enfocará en reducir el número de visas para trabajadores menos calificados. Cooper anticipó que las nuevas normas implicarán 50.000 visas menos en este segmento en 2026.

Desde la oposición, el portavoz conservador de Interior, Chris Philp, expresó su apoyo general a las propuestas, pero exigió medidas más contundentes.

“Mañana tenemos la intención de impulsar una votación en el Parlamento sobre una medida que tendría un límite anual de migración votado y establecido por el Parlamento para restaurar la responsabilidad democrática adecuada, porque esos números eran demasiado, demasiado altos”, señaló.

Las decisiones anunciadas por Starmer buscan equilibrar las demandas del electorado con la necesidad de gestionar de forma efectiva un sistema migratorio que ha estado en el centro de la política británica durante las últimas dos décadas.

(Con información de Europa Press y The Associated Press)