La Corte Constitucional de Corea del Sur anunciará este viernes a las 11:00 (hora local) su decisión sobre si destituye formalmente al presidente Yoon Suk-yeol o lo reincorpora en el cargo, luego de más de tres meses de deliberación tras la apertura de un juicio político.
El fallo, que será transmitido en vivo, marcará un momento decisivo para el país, que se encuentra profundamente polarizado desde que el mandatario depuesto decretó la ley marcial el 3 de diciembre de 2024.
El proceso judicial se originó tras una votación en la Asamblea Nacional, controlada por la oposición del Partido Demócrata, que acusó a Yoon de vulnerar la Constitución al movilizar a cientos de soldados y policías hacia la sede legislativa con la intención de interrumpir sus funciones.
Según testimonios de oficiales militares, el presidente habría ordenado el retiro forzoso de los legisladores y la detención de sus adversarios políticos, con el objetivo de frustrar una votación clave relacionada con su decreto.
La ley marcial, vigente por solo seis horas, fue anulada por el propio Parlamento, que logró sesionar y revocarla por unanimidad. Aunque no se registraron hechos de violencia, la aparición de tropas armadas en la sede del poder legislativo revivió imágenes de regímenes autoritarios del pasado. Fue la primera vez que Corea del Sur vivió un decreto de ley marcial desde 1980.
Yoon ha defendido su decisión, afirmando que su intención no era suprimir al poder legislativo ni vulnerar el orden constitucional, sino exponer lo que llamó la “maldad” del Partido Demócrata, al que acusa de bloquear sistemáticamente su agenda gubernamental, iniciar procesos de destitución contra altos funcionarios y sabotear sus propuestas presupuestarias.
Durante su intervención televisada, calificó a la Asamblea como “un nido de criminales” y “fuerzas antiestatales”.
La Constitución surcoreana permite declarar la ley marcial únicamente en situaciones de guerra o emergencias graves, condiciones que no estaban presentes, según argumenta la oposición. La moción de destitución sostiene que Yoon incurrió en rebelión y abuso de poder al intentar anular las funciones del Parlamento y socavar el orden democrático.
Además del juicio político, el mandatario enfrenta un proceso penal por cargos de rebelión criminal, aunque se encuentra en libertad desde el 8 de marzo, tras ser excarcelado por un tribunal de distrito en Seúl. Diez altos mandos del Ejército y la Policía también fueron arrestados por su papel en el operativo militar.
La decisión del tribunal, cualquiera que sea, podría profundizar las tensiones políticas. En caso de destitución, Corea del Sur deberá celebrar elecciones presidenciales anticipadas en un plazo máximo de 60 días. Si el fallo favorece a Yoon, este volverá de inmediato a ejercer sus funciones ejecutivas, lo que podría provocar nuevas movilizaciones opositoras.
Desde diciembre, millones de ciudadanos han salido a las calles tanto en respaldo como en rechazo al presidente. Encuestas anteriores al juicio mostraban que una mayoría respaldaba su destitución, pero las manifestaciones conservadoras han ganado fuerza en las últimas semanas, con sectores que denuncian una campaña de persecución política por parte de la oposición parlamentaria.
Ante la posibilidad de disturbios tras el fallo, la policía surcoreana anunció que desplegará todos sus recursos disponibles para preservar el orden público y actuar ante eventuales episodios de violencia, vandalismo o agresiones.
La Corte Constitucional ha hecho un llamado a la calma y recordó que su veredicto se ajustará estrictamente a los principios del derecho constitucional.
(Con información de EFE)
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