El presidente depuesto de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, compareció este martes en la última audiencia de su juicio de destitución ante el Tribunal Constitucional en Seúl, donde los jueces decidirán si confirman su impeachment por su controvertida declaración de ley marcial.
Yoon, de 64 años, fue destituido por el Parlamento en diciembre y se encuentra en prisión desde enero, acusado de insurrección, un delito que podría acarrearle cadena perpetua o incluso la pena de muerte.
Su juicio penal comenzó la semana pasada, mientras que el proceso de impeachment ha avanzado de forma paralela en la justicia constitucional.
La sesión de este martes, que comenzó a las 14:00 hora local (05:00 GMT), marcó la conclusión de varias semanas de audiencias en el Tribunal Constitucional. Tras esta etapa, los ocho jueces del tribunal deliberarán a puerta cerrada antes de emitir su veredicto, que se espera para mediados de marzo.
A pesar de la importancia de la audiencia, Yoon no asistió, aunque varios legisladores de su partido, el Partido del Poder Popular (PPP), sí estuvieron presentes en la sala. Su equipo de defensa argumentó que el ex presidente no puede ser castigado por ejercer sus atribuciones constitucionales, citando el fallo del Tribunal Supremo de Estados Unidos en el caso Donald Trump.
Según la defensa, este precedente legal debería tomarse en cuenta en el contexto del proceso de destitución.
El tribunal también concedió tiempo a los representantes del Parlamento, controlado por la oposición, para presentar sus argumentos en favor de la destitución formal de Yoon.
A las afueras del tribunal, cientos de manifestantes favorables a Yoon exigieron la anulación del impeachment, gritando consignas como “¡Detengan la destitución!”. Entre los manifestantes había quienes sostenían pancartas en contra del Partido Comunista Chino y Corea del Norte, a los que algunos seguidores de Yoon acusan, sin pruebas, de haber interferido en las elecciones surcoreanas a favor de la oposición.
También se vieron carteles con la frase “Stop the Steal”, un lema utilizado por los partidarios del ex presidente estadounidense Donald Trump tras su derrota en 2020.
Si el tribunal ratifica la destitución de Yoon, Corea del Sur deberá convocar elecciones presidenciales en un plazo de 60 días.
El proceso de impeachment se ha centrado en determinar si Yoon violó la Constitución al declarar la ley marcial, una medida que solo puede aplicarse en situaciones de guerra o emergencia nacional.
La oposición acusa al mandatario destituido de haber impuesto la suspensión del gobierno civil sin una justificación válida, lo que generó una grave crisis política.
Por su parte, el abogado de Yoon, Kim Hong-il, defendió la medida asegurando que “no buscaba paralizar el Estado”, sino “alertar a la población sobre la crisis nacional causada por la dictadura legislativa del partido opositor”, en referencia a la mayoría parlamentaria que controla la oposición.
Además, los abogados de Yoon argumentaron que la ley marcial era necesaria para investigar sospechas de fraude electoral en los comicios parlamentarios del año pasado, aunque hasta el momento no han presentado pruebas concretas que respalden estas afirmaciones.
El caso ha polarizado a la sociedad surcoreana. Según una encuesta de Realmeter publicada el lunes, 52 % de los encuestados apoya la destitución de Yoon. Sin embargo, un sondeo de Gallup Corea, realizado la semana pasada, elevó esa cifra al 60 %, con un 34 % en contra.
En el pasado, los ex presidentes Park Geun-hye y Roh Moo-hyun también fueron sometidos a juicios de destitución. Park tuvo que esperar 11 días para conocer su veredicto, mientras que Roh recibió la decisión 14 días después de su última audiencia.
El fallo del tribunal sobre Yoon no solo determinará su futuro político, sino que también tendrá un impacto en la estabilidad política de Corea del Sur, en un contexto de crecientes tensiones con Corea del Norte y desafíos económicos internos.
(Con información de AFP)
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