
La opositora venezolana Magalli Meda, refugiada desde el 20 de marzo de 2024 en la residencia de la Embajada de Argentina en Venezuela junto con otros cuatro opositores, denunció este lunes una serie de irregularidades en su situación de asilo diplomático. “Seguimos viviendo cero apego al derecho internacional que nos protege”, declaró la opositora.
A través de la red social X, Meda, colaboradora cercana de los líderes opositores Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, denunció que el pasado fin de semana “no autorizaron acceso a comida” al inmueble, donde asegura que llevan “casi 60 días sin servicio eléctrico, desde que se llevaron los fusibles que dan suministro a la sede diplomática”.
El inmueble, custodiado actualmente por personal diplomático de Brasil tras la expulsión de los representantes argentinos, se encuentra bajo vigilancia permanente. “10 meses secuestrados en esta embajada que han convertido en una cárcel”, afirmó Meda.

Los asilados, entre quienes se encuentran también Pedro Urruchurtu, Omar González, Claudia Macero y Humberto Villalobos, todos miembros del partido opositor Vente Venezuela, alertaron que la residencia está bajo vigilancia constante. Según señalaron, la calle donde se encuentra el inmueble “está tomada” por agentes policiales que realizan labores de custodia “las 24 horas del día”.
En sus denuncias, los refugiados afirman que estas acciones constituyen una violación de los derechos otorgados por el Convenio sobre Asilo Diplomático de 1954 y la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.
“Conclusión: Sufrimos asedio, acoso, cerco, hostigamiento y tortura psicológica. Los salvoconductos son un derecho. Se debe actuar ya, antes de que sea demasiado tarde”, añadieron en su pronunciamiento conjunto.
Meda y los otros opositores se refugiaron en la embajada argentina en marzo tras ser acusados por las autoridades venezolanas de los delitos de conspiración y traición a la patria.

Hasta diciembre de 2024, el grupo también incluía al ex ministro y asesor opositor Fernando Martínez Mottola, quien formaba parte de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).
Según el Ministerio Público (MP), Martínez Mottola se presentó “voluntariamente” el pasado 19 de diciembre en la sede de la Fiscalía en Caracas para declarar sobre “graves hechos violentos, conspirativos y desestabilizadores organizados desde” la residencia de la embajada tras las elecciones presidenciales del 28 de julio.
La situación ha generado críticas tanto de los refugiados como de sus aliados políticos, quienes exigen una pronta solución que respete los derechos humanos y los convenios internacionales.
El Gobierno de Venezuela no ha emitido declaraciones recientes sobre las denuncias, mientras la embajada permanece bajo control brasileño, en medio de tensiones diplomáticas que se intensificaron con la expulsión del personal argentino en julio de 2024.
(Con información de EFE)
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