
El ex presidente surcoreano Yoon Suk Yeol fue arrestado formalmente en la madrugada de este domingo luego de que un tribunal de Seúl ordenara la prolongación de su detención preventiva, alegando riesgo de destrucción de pruebas en la investigación por insurrección y abuso de poder.
Las acusaciones se derivan de la imposición de la ley marcial el pasado 3 de diciembre y del despliegue de militares en la Asamblea Nacional para evitar que los legisladores anularan su decreto, una acción que llevó a su destitución el 14 de diciembre.
Choi Sang Mok, presidente interino de Corea del Sur, calificó las acciones relacionadas con el caso como un acto de “violencia” y pidió una investigación exhaustiva.
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“Lamento profundamente esta violencia que es inimaginable en una sociedad democrática”, declaró Choi, instando a que los responsables sean llevados ante la justicia, según declaraciones recogidas por la agencia Yonhap.
La decisión del tribunal generó fuertes reacciones. Miles de simpatizantes de Yoon se congregaron frente al Tribunal del Distrito Oeste de Seúl, donde un grupo de manifestantes irrumpió en la sede judicial, causando destrozos.
Treparon muros, rompieron ventanas, lanzaron objetos y usaron extintores contra los agentes de seguridad. Los enfrentamientos dejaron un saldo de 45 detenidos, entre los 86 arrestos realizados desde el sábado, mientras la Policía movilizaba cientos de efectivos para controlar la situación.
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Desde el Centro de Detención de Seúl, en Uiwang, donde se encuentra recluido, Yoon hizo un llamado a sus seguidores para que se expresen pacíficamente. Según Yonhap, más de 44.000 simpatizantes participaron en las protestas en las inmediaciones del tribunal.

El tribunal extendió la detención de Yoon hasta por 20 días, período que incluye el tiempo ya transcurrido desde su arresto el miércoles pasado. La Oficina para los Casos de Corrupción de Altos Funcionarios (CIO) lidera la investigación, en colaboración con la Policía y el Ministerio de Defensa, para determinar si la declaración de la ley marcial fue un intento de insurrección, delito que no cuenta con inmunidad presidencial.
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Yoon ha rechazado las acusaciones, asegurando que la imposición de la ley marcial fue “un ejercicio de autoridad presidencial”. Sin embargo, ha desafiado las solicitudes de la CIO de presentarse en nuevas sesiones de interrogatorio, participando únicamente en el primer día de su detención, donde evitó responder a las preguntas de los investigadores.

Paralelamente, el Tribunal Constitucional de Corea del Sur debe decidir antes de mediados de junio si mantiene la destitución de Yoon o le devuelve sus funciones presidenciales, en un proceso independiente del penal. Este caso marca un precedente en la historia del país, al ser la primera vez que un presidente es arrestado mientras aún ocupa el cargo, aunque despojado de sus responsabilidades.
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(Con información de EFE y Europa Press)
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