La Oficina para los Casos de Corrupción de Altos Funcionarios (CIO) de Corea del Sur solicitó este lunes la cooperación del Ministerio de Defensa y del Servicio de Seguridad Presidencial (PSS) para un segundo intento de arresto del destituido presidente, Yoon Suk-yeol, tras el fallido operativo del pasado 3 de enero.
En cartas enviadas a ambos organismos, la CIO advirtió sobre consecuencias legales para quienes obstaculicen la ejecución de la orden de detención. En su comunicación al Ministerio de Defensa, el organismo señaló que cualquier soldado que interfiera podría enfrentarse a sanciones penales o económicas si se producen daños materiales o humanos durante el operativo.
Al PSS, que protege la residencia presidencial, se le notificó que su personal podría perder su estatus como funcionarios públicos y ser inhabilitados para futuros cargos en caso de obstrucción.
El primer intento de arresto se frustró cuando efectivos del PSS bloquearon el acceso a la residencia presidencial. Tras un tenso enfrentamiento que se prolongó durante horas, el operativo fue cancelado. Desde entonces, las medidas de seguridad en el recinto han sido reforzadas con alambre de espino, barricadas y autobuses alineados para dificultar el ingreso de agentes.
Las autoridades surcoreanas preparan un nuevo operativo, en el que podrían participar hasta 1.000 efectivos, según reportes. Se especula que la policía podría desplegar vehículos acorazados y helicópteros para superar las barreras impuestas por el PSS.
El Tribunal de Seúl extendió la orden de detención contra Yoon la semana pasada, en el marco de la investigación penal que lo acusa de insurrección tras declarar la ley marcial en diciembre. Este delito, que se vincula a su breve decisión de militarizar al país en medio de una crisis política, es el único al que un presidente surcoreano no es inmune.
Yoon fue destituido por el Parlamento surcoreano el pasado 14 de diciembre y está a la espera de que el Tribunal Constitucional decida si lo restituye en el cargo o confirma su destitución de manera definitiva. La primera audiencia del juicio por destitución está programada para este martes 14 de enero.
Aunque la ley surcoreana requiere la presencia de Yoon en las vistas ordinarias del proceso, su equipo de defensa legal confirmó que no asistirá a la audiencia inicial. Si se ausenta nuevamente, el tribunal podrá continuar con el juicio en su ausencia.
En paralelo, la CIO, junto con la policía y el Ministerio de Defensa, lleva a cabo una investigación penal que acusa a Yoon de insurrección. Los abogados del ex presidente han pedido la anulación judicial de la orden de arresto, argumentando que solo la Fiscalía tiene competencia para solicitar la detención en un caso de este tipo.
Si Yoon es detenido, los investigadores dispondrán de 48 horas para interrogarlo y, si lo consideran necesario, solicitar una orden judicial para extender su detención. Mientras tanto, al ex presidente se le ha prohibido salir del país.
La destitución de Yoon ha desatado una crisis política en Corea del Sur, con fuertes divisiones entre sus seguidores y detractores. Su declaración de la ley marcial en diciembre fue vista como un intento extremo de aferrarse al poder, lo que llevó al Parlamento a actuar rápidamente para destituirlo.
La resolución definitiva del Tribunal Constitucional, esperada antes de junio, determinará el futuro político del país, mientras las tensiones entre los órganos gubernamentales y las fuerzas de seguridad continúan en aumento.
(Con información de EFE)
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