Un Tribunal surcoreano emitió una orden de arresto contra el presidente destituido Yoon Suk-yeol por imponer la ley marcial

Un tribunal de Seúl aprobó este martes la solicitud de un equipo conjunto de investigación para detener al presidente Yoon Suk-yeol, convirtiéndose en el primer mandatario surcoreano en funciones en enfrentar un posible arresto. La decisión se relaciona con su breve declaración de la ley marcial el pasado 3 de diciembre, un acto que lo ha colocado bajo acusaciones de insurrección y abuso de poder.

“Las órdenes de búsqueda y arresto contra el presidente Yoon Suk Yeol (...) fueron emitidas esta mañana”, aseguró en un comunicado el órgano que lleva a cabo la pesquisa conjunta contra él.

“No se ha establecido ningún calendario para los siguientes procedimientos”, agregó.

El Tribunal del Distrito Occidental de Seúl emitió la orden tras la negativa de Yoon a responder a tres citaciones previas para ser interrogado. Según las autoridades, el presidente habría intentado usar al ejército para evitar que el Parlamento, controlado por la oposición, votara en contra de su medida, lo que constituye una supuesta violación de sus poderes constitucionales.

La Oficina para las Investigaciones de Corrupción de Funcionarios de Alto Rango (CIO), encargada de la investigación, tiene un plazo de 48 horas para ejecutar la detención. No obstante, la operación enfrenta algunos obstáculos, ya que el Servicio de Seguridad Presidencial ha bloqueado previamente los intentos de los investigadores de ingresar a la oficina y la residencia oficial del presidente, incluso con órdenes judiciales.

Aunque Yoon cuenta con inmunidad presidencial frente al procesamiento penal, esta no aplica para los cargos de insurrección o traición, según la Constitución de Corea del Sur.

Yoon fue destituido por la Asamblea Nacional el pasado 14 de diciembre, lo que suspendió sus funciones hasta que el Tribunal Constitucional decida, antes de junio, si lo restituye o lo inhabilita de forma definitiva.

La declaración de ley marcial del 3 de diciembre, según la solicitud de detención, habría incluido una orden a las fuerzas armadas para impedir que los legisladores votaran en contra de la medida. Sin embargo, la resistencia de mandos militares intermedios permitió que el Parlamento procediera y revocara la decisión, lo que obligó al presidente a rescindir el estado de excepción pocas horas después.

Yoon defendió su decreto como un “acto legítimo de gobernanza”, calificándolo como una advertencia al Partido Democrático (principal fuerza opositora), al que describió como un “monstruo” y “fuerzas antiestatales”.

El mandatario ha acusado al partido de utilizar su mayoría parlamentaria para socavar al gobierno, incluyendo el impeachment contra él y otros altos funcionarios.

El equipo de investigación, que incluye a fiscales, policías, funcionarios anticorrupción y del Ministerio de Defensa, sigue evaluando los próximos pasos para ejecutar la orden. Mientras tanto, la residencia de Yoon en el centro de Seúl permanece rodeada por agentes de policía, manifestantes a favor y en contra del presidente, y su equipo de seguridad.

La situación política se complicó aún más la semana pasada con la destitución del presidente interino, Han Duck-soo, quien asumió temporalmente el liderazgo tras el impeachment de Yoon. El Parlamento acusó a Han de bloquear investigaciones relacionadas con el caso del presidente destituido.

Actualmente, el ministro de Finanzas, Choi Sang-mok, funge como presidente interino. Su mandato provisional comenzó en medio de la crisis institucional y la tragedia del accidente aéreo de Jeju Air, ocurrido el domingo, que dejó 179 víctimas fatales.

(Con información de EFE y AFP)