El Kremlin volvió a referirse este viernes a la visita que Vladimir Putin realizará a Mongolia el próximo 3 de septiembre, esta vez para descartar la existencia de riesgos, a pesar de tratarse de un país miembro de la Corte Penal Internacional, que debería hacer cumplir la orden de detención en su contra, y del pedido de la organización Human Rights Watch (HRW), que recordó que el país asiático tiene la “obligación” de arrestar al presidente ruso.
Si no lo hace -recordó Maria Elena Vignoli, consejera internacional de justicia de HRW, en un comunicado- el gobierno de Mongolia estaría “desafiando las obligaciones internacionales como miembro de la Corte Penal Internacional (CPI)”.
El portavoz presidencial, Dmitry Peskov, aseguró durante una conferencia de prensa que no tienen “ninguna preocupación” por el viaje y, por el contrario, resaltó: “Tenemos un diálogo maravilloso con nuestros amigos de Mongolia”. Inclusive, reiteró que Rusia no reconoce la jurisdicción del máximo tribunal internacional, por lo que la medida de marzo de 2023 es considerada “nula e inválida”.
Desde la CPI, sin embargo, insistieron en que Mongolia “es un Estado parte del Estatuto de Roma” del organismo y, por tanto, tiene la obligación de cooperar en su cumplimiento.
“La CPI confía en sus Estados parte y otros socios para ejecutar sus decisiones, incluso en relación con las órdenes de detención. En caso de falta de cooperación, los magistrados de la CPI pueden llegar a una conclusión al respecto e informar de ello a la Asamblea de los Estados parte. Corresponde entonces a la Asamblea adoptar las medidas que considere oportunas”, advirtió el portavoz de la Corte, Fadi El Abdallah, sin precisar qué tipo de acciones podrían tomarse.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania también se pronunció tras el anuncio de la víspera del Ejecutivo ruso y sostuvo que “espera que el Gobierno de Mongolia se dé cuenta de que Vladimir Putin es un criminal de guerra”. “Pedimos a las autoridades mongolas que cumplan la orden de detención internacional obligatoria y entreguen a Putin al Tribunal Penal Internacional de La Haya”, agregaron.
Putin visitará el país vecino a mediados de la próxima semana en el marco de “los actos ceremoniales dedicados al 85 aniversario de la victoria conjunta de las fuerzas armadas soviéticas y mongolas sobre los militaristas japoneses en el río Khalkhin Gol”. El viaje se realizará “por invitación del presidente mongol Ukhnaa Khurelsukh” e incluirá reuniones individuales así como encuentros con otros altos funcionarios.
La noticia sorprendió a muchos dado que la CPI emitió una orden de arresto contra el mandatario ruso en marzo de 2023, luego de encontrarlo “presuntamente responsable del crimen de guerra de deportación ilegal de población (niños) y de traslado ilegal de población (niños) de las áreas ocupadas de Ucrania a la Federación Rusa”, lo que lo obligó a mantenerse alejado de países que reconozcan la jurisdicción de la Corte dado que, de presentarse en su territorio, deberían proceder con su arresto.
Como consecuencia, en agosto de aquel año, Putin se ausentó de la cumbre de los BRICS en Sudáfrica y tampoco se presentó en India, en el encuentro del G20, optando en su lugar por viajes a China, Corea del Norte y Azerbaiyán.
No obstante, dado que el máximo tribunal internacional no dispone de ningún mecanismo de ejecución o coacción, el cumplimiento del Estatuto depende íntegramente de la predisposición de los mandatarios de cada país, lo que explica la tranquilidad del Kremlin con el viaje que se aproxima.
En 2015 se dio un caso en el que una nación miembro incumplió el Estatuto, cuando el entonces presidente de Sudán, Omar al-Bashir, viajó a Sudáfrica y no fue detenido. La situación desató una ola de críticas en organismos de defensa de los derechos humanos y la oposición.
(Con información de AP)
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