
Desde la llegada de Abelardo de la Espriella a la Presidencia de Colombia, el 7 de agosto de 2026, la ofensiva contra las estructuras criminales se consolidó como uno de los principales ejes de comunicación de su Gobierno. Operativos en ciudades, capturas masivas, traslados de personas privadas de la libertad a centros de máxima seguridad y reactivación de extradiciones forman parte de una estrategia que se difunde de forma constante en redes sociales.
Los procedimientos suelen registrarse en video desde el momento de los allanamientos y las detenciones. En esas imágenes, el presidente aparece junto a integrantes de la Fuerza Pública, se dirige a los capturados, menciona los delitos que se les atribuyen y cierra con una frase que se convirtió en emblema de su campaña y de su administración: “Bienvenidos a la Patria Milagro”.
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La exposición de detenidos esposados, con uniforme penitenciario y, en algunos casos, con la cabeza rapada antes de ser trasladados a otros centros de reclusión, abrió un debate público. Mientras algunos sectores respaldan la difusión de los operativos y los resultados contra la criminalidad, otros cuestionan el tratamiento de las personas bajo custodia estatal y los límites entre la información institucional y la promoción de la imagen presidencial.
La estrategia refuerza la personalización del poder
Para Juan David Cárdenas, director de la Maestría en Comunicación Política de la Universidad de La Sabana, las imágenes responden a una estrategia de comunicación política basada en la espectacularización de la seguridad.
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“La lectura política que puede hacerse de la decisión de mostrar públicamente los capturados, de la forma como están siendo visibilizados, se puede interpretar como parte de una estrategia de comunicación política en el marco de lo que llamamos la espectacularización. En este caso, claramente de unas prácticas y de unas políticas de seguridad mediante las cuales el gobierno busca generar una representación visual de lo que es el ejercicio de la autoridad y el control a la criminalidad.
Desde una perspectiva semiótica, claramente cuerpos rapados, esposados, uniformados, este tipo de señales de sometimiento, incluso de doblegar a la criminalidad, son claramente una construcción un poco de la subordinación frente al poder del Estado”, señaló.
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El académico explicó que la presencia reiterada del jefe de Estado introduce un componente adicional: los resultados de las instituciones de seguridad quedan asociados de forma directa a la figura presidencial.
“Acá hay un tema que es bien interesante y es que es una subordinación hacia el Estado, pero está personalizada en cabeza del presidente. Entonces, es un fortalecimiento de la personalización de la política y una desinstitucionalización hasta cierto punto, en la medida que casi todas las comunicaciones de gobierno salen o giran en torno a la voz y a la figura del presidente”, afirmó Cárdenas.
Para el experto, el riesgo surge cuando la exhibición de los operativos eclipsa el papel de las instituciones que intervienen en capturas, investigaciones, judicializaciones y traslados. También advirtió que la exposición pública puede afectar a personas que aún no han sido condenadas.
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Traslado penitenciario de Juan Guillermo Monsalve bajo custodia del Inpec - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
Los operativos pasan a ser acontecimientos comunicativos
La difusión de allanamientos y traslados transformó procedimientos de seguridad en piezas de alto impacto para redes sociales. La imagen del presidente en el lugar de los hechos, junto con el uso de mensajes directos a los detenidos, apunta a proyectar autoridad, control y determinación frente a las organizaciones criminales.
“Básicamente, todo procedimiento de seguridad en Colombia se convierte en un acontecimiento comunicativo y el presidente pasa de ser una figura política pasiva o distante y se convierte en el protagonista de estas puestas en escena que tienen, vuelvo e insisto, una intención de transmitir autoridad, de transmitir determinación, de transmitir control, pero también de posicionar y/o de sobredimensionar un poco la figura presidencial en términos del liderazgo, el alcance y las posibilidades del ejercicio de la autoridad”, sostuvo Cárdenas.
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El docente consideró que las plataformas digitales favorecen este tipo de contenidos por su capacidad de generar reacciones y circulación. Sin embargo, planteó que la exposición recurrente de la figura presidencial puede afectar la percepción sobre el funcionamiento institucional.
“Aquí vuelve y juega un poco la hipótesis de la personalización del poder, que es muy peligroso, porque es básicamente, asociar directamente cualquier resultado institucional a la figura del presidente, que en la medida en que esto salga bien, entre comillas, o se escenifique bien, puede ser positivo, pero vuelvo e insisto que puede tener también unos riesgos muy importantes de cara a la gestión pública hacia, hacia el futuro”, agregó.
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La discusión entre resultados verificables y puesta en escena
Cárdenas diferenció la divulgación de resultados de seguridad de la construcción de una narrativa basada en la imagen de sometimiento de los detenidos. Según indicó, la información institucional suele apoyarse en datos sobre capturas, investigaciones, condenas, estructuras desarticuladas y variaciones en los indicadores delictivos.
“Hay una diferencia clave, bien interesante, y es que el centro de gravedad de la comunicación, normalmente, cuando se comunican temas de seguridad están muy orientadas hacia datos verificables, ¿no? Cifras, capturas, investigaciones, estadísticas y efectos, incluso, que, esas acciones tienen sobre la seguridad, el dar el paso hacia la construcción de narrativas mucho más de puesta en escena, mucho más emocionales, mucho más casi que cinematográficas en hasta cierto punto, desplaza la atención hacia el episodio de sometimiento en sí mismo y la superioridad del poder estatal sobre los detenidos”, manifestó.
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El experto señaló que estas imágenes pueden producir una respuesta favorable en sectores que consideran que las autoridades deben endurecer su respuesta frente al delito. No obstante, sostuvo que esa percepción debe contrastarse con resultados concretos de las políticas públicas.
“Se pueden estar construyendo sensaciones alternativas o verdades a medias en torno a la verdadera eficacia de las políticas de seguridad, donde a partir de una acción se puede estar construyendo un panorama artificial para tratar de generar una percepción de una mejora en términos de seguridad, cuando de pronto en la realidad los datos, las estadísticas, las evidencias y las experiencias de los ciudadanos no se corresponden con estas puestas en escena”, advirtió.
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Esposas, uniformes y cabezas rapadas como símbolos
La psicóloga Laura Pérez planteó que las imágenes no permiten establecer por sí solas intenciones o características psicológicas de una figura política. Su análisis se centra en los significados que pueden adquirir la postura corporal, la vestimenta, el lenguaje y el contexto de un operativo.
“El interés de este análisis no consiste en determinar la personalidad del gobernante ni en atribuirle intenciones psicológicas que no pueden establecerse únicamente a partir de imágenes. Se trata, de examinar cómo estos elementos pueden funcionar como recursos de comunicación política y qué significados podrían adquirir desde la psicología social, especialmente en relación con la autoridad, el castigo, la percepción de seguridad y la representación pública de quienes se encuentran bajo custodia del Estado”, explicó.
Pérez señaló que la presencia de chalecos antibalas, armas, uniformes tácticos y miembros de la fuerza pública y Fuerzas Militares, remite a códigos asociados con intervención, vigilancia y control. Para algunos espectadores, esa escena puede transmitir protección y recuperación del orden; para otros, puede generar inquietudes sobre la concentración simbólica del poder.
Respecto de las personas capturadas, la psicóloga indicó que las esposas hacen visible la restricción de la autonomía física, mientras que el uniforme penitenciario puede convertir la condición de detenido en el elemento dominante de la percepción pública.
“Las esposas representan, en términos materiales, una restricción del movimiento. Dentro de una escena de captura, hacen visible la pérdida inmediata de autonomía física y la capacidad del Estado para ejercer control sobre una persona. Cuando se muestran de manera destacada, pueden convertirse en signos de sometimiento, contención y restablecimiento del orden”, afirmó.
Cárdenas agregó que la cabeza rapada y la presentación uniforme de los detenidos pueden proyectar una imagen de pérdida de individualidad frente al poder estatal. A su juicio, la repetición de esas escenas puede instalar una frontera simbólica entre quienes son presentados como defensores del orden y quienes encarnan la amenaza.
“Patria Milagro”, entre la campaña y el Gobierno
La frase “Bienvenidos a la Patria Milagro” se convirtió en uno de los recursos discursivos que acompañan las capturas difundidas por el Gobierno. Para Cárdenas, la expresión traslada un lema de campaña al lenguaje cotidiano de la administración.
“La expresión de “bienvenido a la patria milagro” es particularmente interesante porque de alguna forma convirtió un lema político en casi que en un mensaje de gobierno. Estamos en un escenario de campaña o lo que algunos consultores llaman la campaña permanente, ¿no? Es un gobierno que comunica como si siguiera en campaña y en ese mismo ininteligible necesita seguir aglutinando a su colectivo en torno a elementos como la pertenencia, la identidad colectiva, la comunidad política”, sostuvo.

El académico consideró que la fórmula adquiere un carácter irónico y punitivo al dirigirse a una persona recién detenida. También alertó sobre el riesgo de que una narrativa creada para combatir la criminalidad se extienda hacia otros sectores que cuestionen las actuaciones estatales.
“Cuando el presidente utiliza esta expresión frente a un capturado, hasta cierto punto incluso tiene un sentido irónico, pero también punitivo, porque la patria se empieza a representar desde una autoridad que castiga a quienes desafían el orden. Y esto se puede volver problemático en la medida en que esto se vaya extrapolando a otros escenarios donde ya lo que está bueno o lo que está malo empieza a ser juzgado de otra forma”, afirmó.
El límite entre autoridad estatal y propaganda
El debate planteado por los expertos no desconoce la obligación del Estado de perseguir a las organizaciones criminales, garantizar la seguridad ciudadana y comunicar los resultados de sus acciones. La discusión se concentra en el uso de la imagen de los detenidos y en la conversión de esos procedimientos en contenido de circulación masiva.
“Aquí no está en discusión que el Estado tiene la obligación de combatir la criminalidad, de proteger a los ciudadanos, de garantizar los derechos y también de comunicar lo que hace. Sin embargo, esa autoridad tiene unos límites que están establecidos dentro de la Constitución, dentro de las normas, dentro de los derechos humanos y debe ejercerse esa autoridad también dentro de los límites del debido proceso, la presunción de inocencia”, puntualizó Cárdenas.
El profesor sostuvo que la fortaleza estatal debe medirse por su capacidad de aplicar la ley y preservar las garantías de todas las personas, incluidas aquellas que enfrentan investigaciones o condenas. La continuidad de esta estrategia de comunicación pondrá bajo observación los resultados de la política de seguridad, el respeto por la dignidad humana y el papel de las instituciones en la lucha contra la criminalidad.
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