El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, alegó el martes ante el Congreso su “total, evidente e incuestionable” inocencia en el presunto delito de peculado por el que la oposición de izquierda le enjuicia políticamente, con miras a destituirle del cargo.
“No hay pruebas ni testimonios relevantes. Más bien lo único que hay son informaciones que comprueban mi total, evidente e incuestionable inocencia”, declaró el gobernante de derecha en el hemiciclo, en el que la mayoría opositora requiere el voto de 92 de los 137 asambleístas para aprobar una moción de censura y destituirlo.
Lasso llegó pasado el mediodía de este martes a la Asamblea Nacional para ejercer su derecho a la defensa en el juicio político de censura. Lo acompañaron su vicepresidente, Alfredo Borrero, y varios de sus ministros.
Lasso inició su defensa luego de los planteamientos realizados por los interpelantes Viviana Veloz y Esteban Torres, de la oposición.
El juicio político es impulsado por varios partidos como el afín al exmandatario socialista Rafael Correa (2007-2017), quien lidera la oposición al gobierno de Lasso, que asumió en mayo de 2021.
“Esos acusadores que han querido tomarse el poder hasta por cuatro ocasiones en dos años de mi gobierno, esos acusadores que han sido impulsados por un sobrehumano rencor, si ellos jamás fueron capaces de encontrar nada, entonces solo se puede concluir que no hay nada que encontrar, absolutamente nada”, agregó.
Lasso, quien tiene la facultad de disolver el Parlamento para dar paso a elecciones generales anticipadas, puntualizó: “El mismo rencor que me profesan es la más grande prueba de mi inocencia”.
Una vez terminada la intervención, si dio paso al derecho a la réplica y posteriormente se abrirá el debate. Se procederá a la votación luego de 72 horas de terminado el mencionado debate.
Según la oposición, Lasso incurrió en un supuesto peculado al tener conocimiento de presuntas irregularidades en un contrato firmado por la empresa estatal Flota Petrolera del Ecuador (Flopec) y la firma privada Amazonas Tanker y no haber actuado para evitar mayores perjuicios para el Estado.
En cambio, la defensa del presidente sostiene que los contratos fueron firmados bajo la anterior administración del expresidente Lenín Moreno (2017-2021) y que bajo el mandato de Lasso se pidió una revisión a la Contraloría (Tribunal de Cuentas) para renovarlos bajo las condiciones y observaciones realizadas por ese organismo.
(Con información de AFP y EFE)
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