La Fiscalía de Teherán ha acusado de “propaganda contra el sistema” al abogado de la familia de Mahsa Amini, cuya muerte bajo custodia policial desató unas fuertes protestas contra la República Islámica de Irán.
“Saleh Nikbakht, abogado de la familia de Mahsa Amini, fue convocado por la Fiscalía Revolucionaria de Teherán acusado de propaganda contra el sistema”, informó este martes el diario reformista Shargh.
Nikbakht fue puesto en libertad bajo fianza hasta que se celebre la vista del caso.
El abogado representa a la familia de Amini y ha puesto en duda muchas de las afirmaciones de las autoridades iraníes acerca de la muerte de la joven.
Así, ocho días después de la muerte en septiembre de 2022 de la joven la familia presentó una denuncia contra los policías que la detuvieron por no llevar bien puesto el velo.
A finales de octubre, Nikbakht pidió un nuevo estudio forense, después que la investigación estatal dictaminase que Amini murió por por una dolencia previa y no por golpes de la policía, sin éxito.
Nikbakht no es el único abogado que ha tenido problemas con la Justicia iraní en los último meses ya que al menos 19 letrados de derechos humanos fueron detenidos durante las protestas.
La muerte de la joven kurda de 22 años desató las mayores protestas en décadas contra la República Islámica, protagonizadas por jóvenes al grito de “mujer, vida libertad”, que casi han desaparecido tras una represión que ha causado casi 500 muertos y en las que han sido ahorcados cuatro manifestantes.
Muchas mujeres han dejado de usar el obligatorio velo como gesto de desobediencia civil ante unas leyes que consideran injustas y un símbolo de la discriminación que sufren.
El presidente de Irán, Ebrahim Raisí, afirmó la semana pasada que el uso del velo islámico es una obligación legal y una necesidad religiosa de las mujeres iraníes para mantener una vida “casta” y garantizar la seguridad de la sociedad.
Indultos a manifestantes
El máximo líder de Irán ha indultado a 22.000 personas detenidas en las recientes protestas que barrieron el país, según anunció el lunes el gobierno. En un primer momento no había una confirmación independiente de la liberación masiva.
El comunicado del líder de la judicatura iraní, Gholamhossein Mohseni Ejehi, ofrecía un primer atisbo del alcance de la represión del gobierno tras las manifestaciones desencadenadas en septiembre por la muerte de Mahsa Amini, una mujer de 22 años que había sido detenida por la policía de la moral del país.
También indica que la teocracia iraní ya se siente lo bastante segura como para admitir el alcance de las protestas, uno de los desafíos más serios al gobierno desde los primeros meses de la Revolución Islámica de 1979. Decenas de miles de personas fueron detenidas en las purgas que siguieron a la revolución.
Sin embargo, la indignación persistía en el país, afectado por el hundimiento de la moneda nacional, el rial, así como problemas económicos y la incertidumbre sobre sus lazos con el resto del mundo tras el colapso del acuerdo nuclear de 2015 entre Teherán y potencias internacionales.
Activistas de Derechos Humanos en Irán, un grupo que monitorea la represión, había informado de más de 19.700 detenidos en las protestas. Al menos 530 personas murieron en la violenta represión de las manifestaciones, según el grupo. Hace meses que Irán no da cifras de muertos.
(Con información de EFE y AP)
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