Activistas prodemocráticos de Myanmar calificaron de arbitraria la última condena contra la depuesta líder Aung San Suu Kyi

El gobierno alternativo de Myanmar, formado por políticos y activistas prodemocráticos contrarios a la junta militar, denunció este sábado que la última condena de cárcel contra la depuesta líder Aung San Suu Kyi es arbitraria y recalcó que los responsables de la junta militar en el poder deben ser llevados ante los tribunales.

En un comunicado emitido este sábado, el Gobierno de Unidad Nacional (NUG) señaló que tanto Suu Kyi como Win Myint, el presidente derrocado del país y también entre rejas, están arrestados “de forma arbitraria y por cargos inventados”.

En este sentido, el NUG se remitió a un comunicado del 9 de diciembre en que declaraba “inválidas” las sentencias contra Suu Kyi, Win Myint y todos los activistas políticos detenidos en el país desde el golpe de Estado militar del 1 de febrero de 2021.

“Son el consejo militar terrorista y sus lacayos, que son culpables de actos de traición contra el Estado y de atrocidades contra la población, los que deben ser llevados ante un tribunal de justicia”, añadió el NUG.

Un tribunal militar de Myanmar condenó el viernes a Suu Kyi a siete años de cárcel al encontrarla culpable de cinco cargos de corrupción, en el último de los casos presentados en su contra.

Con esta nueva sentencia, Suu Kyi, de 77 años y detenida en una prisión en Naipyidó, acumula un total de penas de 33 años a raíz de una serie de juicios por casi una veintena de delitos imputados tras el golpe de Estado del 1 de febrero de 2021.

Este era el último proceso programado contra la premio nobel de la paz, quien en esta ocasión era juzgada por abuso de su posición para el alquiler de terrenos y por la compra y alquiler de helicópteros, entre otros delitos vinculados a la corrupción.

La líder electa, detenida durante las primeras horas de la sublevación, ya ha sido hallada culpable por varios delitos como vulnerar las leyes contra la pandemia, la importación ilegal de “walkie talkies”, la violación de la ley de Secretos Oficiales y el fraude electoral, entre otros.

La primera condena contra la depuesta política, vista por el pueblo de su país como una heroína en la lucha por la democracia y que ya paso años de arresto domiciliario bajo anteriores dictaduras militares, fue anunciada el 6 de diciembre del año pasado.

Los abogados de Suu Kyi, a los que la junta militar ha prohibido hablar con los medios de comunicación, han calificado como una fabricación todas las acusaciones presentadas en su contra.

La sentencia se conoce después de que la semana pasada el Consejo de Seguridad de la ONU reclamara la liberación de todos los presos políticos detenidos desde la sublevación, incluida Suu Kyi.

El golpe militar del 1 de febrero de 2021 ha sumido a Myanmar en una profunda crisis política, social y económica y ha abierto una espiral de violencia con nuevas milicias civiles que han exacerbado la guerra de guerrillas que vive el país desde hace décadas.

Al menos 2.688 personas han muerto por la brutal represión ejercida de parte de las fuerzas de seguridad, que han disparado a matar contra manifestantes pacíficos y desarmados, y más de 13.200 permanecen detenidas, según datos de la ONG Asociación para la Asistencia de Presos Políticos (AAPP).

(Con información de EFE y AFP)

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