Este jueves la Unión Europea extendió por un año las sanciones que pesan sobre ciudadanos y entidades en Nicaragua. La medida, que estará vigente hasta el 15 de octubre de 2023, se estableció en 2019 “en vista de la situación política” en el país y su prórroga se dio a tan solo días de que las autoridades locales expulsaran el pasado 28 de septiembre a la jefa de la delegación del bloque en Managua, Bettina Muscheidt.
El grupo considera “injustificada” esta decisión así como la iniciativa del régimen de romper relaciones diplomáticas con los Países Bajos, luego de que la delegación de la UE en las Naciones Unidas exigiera la liberación de los presos políticos y la vuelta a la democracia.
“La UE lamenta profundamente y rechaza esta decisión injustificada y unilateral, así como la de cortar los lazos diplomáticos con el reino de los Países Bajos”, anunciaron entonces.
“Estas acciones hostiles e injustificadas no sólo afectarán las relaciones bilaterales entre Nicaragua y la UE y sus Estados miembros, sino que también conducirán a un mayor aislamiento internacional de Nicaragua”, agregó el Alto Representante de Política Exterior y Seguridad Común, Josep Borrell.
Originalmente, el paquete de restricciones alcanzaba a seis personas pero, con el correr de los años y el agravamiento de la situación, la lista fue gradualmente aumentando. Actualmente, incluye a 21 personas y tres entidades “responsables de violaciones o abusos de los derechos humanos o por la represión de la sociedad civil y la oposición democrática”.
En enero de este año, la UE incluyó a Camila Ortega Murillo y Laureano Ortega Murillo, hijos del Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidente Rosario Murillo -quienes ya formaban parte de la lista de alcanzados por el paquete-. Lo mismo ocurre con su hijo Juan Carlos.
Estas medidas prohíben tanto el ingreso como el tránsito dentro de las fronteras de la Unión Europea de todas estas personas. Tampoco pueden acceder a visas para estos países. Asimismo, establece la congelación de los bienes que tengan allí y la prohibición a empresas y ciudadanos europeos de proveerlos con fondos.
La primera vez que el bloque puso en vigencia este paquete de medidas fue hace tres años y continúa imponiendo sanciones al régimen. Este lunes, tras el episodio por el que Muscheidt se vio obligada a abandonar Managua, el Consejo de la Unión Europea anunció la decisión de declarar persona non grata a la representante de Nicaragua ante el bloque, Zoila Muller Goff.
No obstante, no pidieron su expulsión de Bruselas ya que explicaron que “solamente ellos pueden expulsar a alguien de su país”. “La UE no tratará más con ella y, además, perderá todo acceso a las instituciones europeas”, agregaron.
Asimismo, en un comunicado, el grupo remarcó su “continuo compromiso con el pueblo nicaragüense y con la defensa de la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos” en el país latinoamericano. También, puso énfasis en encontrar una resolución a la actual crisis política que allí se vive “a través de un diálogo genuino entre el Gobierno y la oposición”. “La UE permanece abierta al diálogo con Nicaragua, siempre que este diálogo se lleve a cabo de manera respetuosa”, concluyó el escrito.
Nicaragua vive un delicado contexto político desde 2018. En estos años, el régimen de Ortega ya cerró 2.375 ONGs nacionales e internacionales y continuamente se llevan a cabo persecuciones contra opositores y se reprime brutalmente cualquier tipo de manifestación en contra del sistema.
(Con información de AFP, EFE y Europa Press)
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