Tras el informe de la ONU, EEUU exigió que el régimen de China rinda cuentas “por el genocidio” contra la minoría uigur en Xinjiang

Estados Unidos saludó este jueves el informe de la ONU que señala violaciones de los derechos humanos en la región autonóma china de Xinjiang, y exigió que el régimen de Xi Jinping rinda cuentas por el “genocidio” contra la minoría uigur.

El secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, indicó que el gobierno de Estados Unidos “acoge con beneplácito” el “importante” informe publicado minutos antes de que la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, quien fue fuertemente criticada por Washington por una reciente visita a China, dejara su cargo.

“Este informe refuerza y reafirma nuestra grave preocupación por el genocidio y los crímenes de lesa humanidad que las autoridades gubernamentales de la República Popular China están cometiendo contra los uigures”, indicó el jefe de la diplomacia norteamericana en un comunicado.

“Seguiremos reclamando a la República Popular China que libere a las personas injustamente detenidas, rinda cuentas por los desaparecidos y permita a los investigadores independientes el acceso completo y sin obstáculos a Xinjiang, el Tíbet” y a todo el país, agregó.

Blinken afirmó que Washington seguirá trabajando “estrechamente” con sus aliados para avanzar en la rendición de cuentas.

En esa línea se pronunció la embajadora norteamericana ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield: “Es fundamental que todos los miembros del Consejo de Derechos Humanos tengan la oportunidad de debatir formalmente las conclusiones de este artículo lo antes posible y que los autores de estas atrocidades rindan cuentas”.

La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, recordó en conferencia de prensa que Estados Unidos ya ha tomado medidas previas contra los hechos denunciados, como el fortalecimiento de las restricciones en la concesión de visados, sanciones financieras o controles en las exportaciones e importaciones.

Jean-Pierre incidió en que el presidente Joe Biden sumó a sus aliados, incluidos el resto de países del G7, para intentar garantizar que las cadenas de suministro globales estén libres del uso del trabajo forzoso, incluido el que se ejerce en esa región.

El documento de la ONU detalló una serie de violaciones de derechos humanos, incluida la tortura y el trabajo forzoso contra los uigures y otras minorías, en su mayoría musulmanas.

Según sostiene el informe de la ONU, el régimen de China puede haber cometido “crímenes contra la humanidad”, pero no llegó a calificar de “genocidio” su trato a los uigures, una acusación formulada desde principios de 2021 por Estados Unidos y retomada desde entonces por varias otras naciones occidentales.

Beijing ha negado enérgicamente cualquier abuso en Xinjiang, aunque sus funcionarios han admitido que el Gobierno había creado “centros de formación profesional” necesarios para frenar lo que, según ellos, era terrorismo, separatismo y radicalismo religioso en la zona.

El informe destacó que “estas violaciones de los derechos humanos, tal y como se documenta en esta evaluación, se derivan de un ‘sistema de leyes antiterroristas’ interno que es profundamente problemático desde la perspectiva de las normas y estándares internacionales de derechos humanos. Contiene conceptos vagos, amplios y abiertos que dejan una gran discrecionalidad a los funcionarios para interpretar y aplicar amplios poderes de investigación, prevención y coerción, en un contexto de garantías limitadas y escasa supervisión independiente”.

La reacción china tras la difusión del informe no se hizo esperar. Las conclusiones de la ONU desataron ira en las altas esferas de Beijing.

La misión de China ante las Naciones Unidas en Ginebra criticó el informe, que consideró “basado en desinformación y mentiras fabricadas por fuerzas antichinas”. Según las autoridades chinas, el documento “distorsiona las leyes y políticas de China, calumnia sin motivo e interfiere en asuntos internos”.

Por otro lado, el informe “ignora los logros en derechos humanos conseguidos por gente de todas las etnias en Xinjiang, y el devastador daño causado por el terrorismo y el extremismo”, añade la nota oficial.

La misión diplomática aseguró que las críticas del informe son “completamente contradictorias” con las declaraciones que emitió durante su visita de trabajo a China, el pasado mes de mayo, la alta comisionada Michelle Bachelet.

(Con información de AFP y Reuters)

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