Las autoridades del régimen chino han estado presionando a gobiernos extranjeros para conseguir la deportación de cientos de taiwaneses, reveló un informe de una ONG que señala especialmente a las autoridades de España, de donde llegaron muchos deportados.
Más de 600 taiwaneses fueron extraditados desde varios países a China entre 2016 y 2019, en un intento de “minar la soberanía de Taiwán”, indicó el grupo de derechos humanos Safeguard Defenders el martes en un informe que describe una “caza de taiwaneses”.
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Más de 200 procedieron de España, cuya justicia decretó en 2017 que un grupo de 121 chinos y taiwaneses acusados de fraude telefónico podían ser extraditados a China continental, pese a la oposición de Taipéi.
China considera la isla de Taiwán como parte de su territorio, con la voluntad de reincorporarla eventualmente bajo su dominio, y ha aumentado en los últimos años la presión para aislarla diplomáticamente.
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China y Taiwán acordaron en 2009 que la policía de ambos lados devolvería sus sospechosos en el extranjero a sus respectivos territorios, pero Beijing ha empezado a ignorar este compromiso desde la elección de la presidenta taiwanesa Tsai Ing-wen en 2016, según el informe.
Safeguard Defenders dijo que el régimen de Xi Jinping ha presionado gobiernos como los de Filipinas o Camboya para extraditar a cientos de taiwaneses, en su mayoría acusados de fraude en las telecomunicaciones en China.
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Los extraditados enfrentan “detenciones arbitrarias, tortura, desapariciones forzadas y confesiones televisivas forzadas”, aseguró la organización que vigila y apoya a los activistas de derechos humanos en Asia.
Con sede en Madrid, Safeguard Defenders critica a las autoridades españoles por su “claro menosprecio” de sus compromisos en derechos humanos y por su “falta de entendimiento de la severidad de los abusos de derechos humanos en China”.
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En contraste, el Tribunal Supremo checo rechazó el año anterior una petición de extradición a China de ocho taiwaneses, alegando el riesgo de tortura y el pobre historial en cuestión de derechos de Beijing.
En respuesta a este informe, el gobierno de Taiwán aseguró el miércoles que China “no tiene jurisdicción” sobre sus ciudadanos implicados en casos criminales en el extranjero, que deberían ser devueltos a la isla.
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(Con información de Europa Press)
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