El Tribunal de Apelación de Sassari (Cerdeña, Italia) decidió este viernes dejar en libertad al ex presidente de Cataluña Carles Puigdemont, quien fue detenido este jueves en Alguer en virtud de una orden del Tribunal Supremo español. El catalán podrá salir de Italia pero deberá comparecer ante los jueces el 4 de octubre, precisó este viernes su abogado Agostinangelo Marras.
Al salir de la prisión, el expresidente catalán, que evitó hablar con la prensa, fue vitoreado por un grupo de personas que lo esperaba a la salida de la prisión, tras lo cual se subió en una camioneta negra.
El tribunal italiano no pidió ningún tipo de medida cautelar y su caso deberá pasar a otra corte, que estudiará el asunto de la solicitud de extradición presentada por España. Además, el juez consideró que su arresto este jueves en el aeropuerto de Alguer se realizó de acuerdo con la ley.
Puigdemont, que intervino en la sesión telemáticamente y sobre el que pesa una orden europea de detención y entrega cursada por el Tribunal Supremo por sedición y malversación, ya abandonó la prisión de alta seguridad de Sassari en la que se encontraba encarcelado.
El Ministerio de Justicia de Italia precisó que no tiene ningún poder de decisión tanto en el arresto como en la posible entrega de Puigdemont a España, ya que se trata de una euro-orden y por tanto es un procedimiento diferente al de una extradición.
“El Ministerio de Justicia precisa que no tiene ningún papel de decisión en el procedimiento relativo a la Orden de Detención Europea, como la relativa al caso de Carles Puigdemont. El procedimiento está enteramente en manos de la autoridad judicial, tanto para la validación de la detención como para la decisión final sobre la entrega o no del detenido”, se indica en un comunicado.
La detención de Puigdemont ocurrió pocos días después de que el Gobierno español y el Ejecutivo regional de Cataluña iniciaran en Barcelona un proceso de diálogo para tratar de superar las posturas políticas alejadas que ambos mantienen a raíz del proceso secesionista catalán, en medio de una división interna en el bloque independentista.
Este diálogo se produce después de años de desencuentros y tensión debido a las demandas secesionistas, cuyo momento álgido se produjo en el otoño de 2017, tras la celebración de un referéndum que fue declarado inconstitucional el 1 de octubre y una posterior declaración de independencia, aprobada por el Parlamento catalán el 27 del mismo mes.
Estos hechos supusieron la suspensión temporal del ejecutivo catalán (Generalitat), el procesamiento y posterior condena de entre 9 y 13 años de cárcel a nueve líderes independentistas, recientemente indultados, así como la huida del entonces presidente catalán, Puigdemont, y otros miembros de su ejecutivo para eludir la acción de la Justicia.
La llegada al Gobierno español de los socialistas, en coalición con el grupo de izquierda Unidas Podemos, y la de Pere Aragonès (ERC) al Ejecutivo catalán supuso el inicio de los primeros contactos para reducir la tensión.
Además se da la circunstancia de que ERC es uno de los grupos parlamentarios que apoyan regularmente al Gobierno español en el Congreso, donde los diputados de la coalición gubernamental no tiene mayoría.
(Con información de EFE)
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