¿Se verán obligados pronto los europeos a vacunarse contra el Covid 19?

A pesar que los contagios y los servicios hospitalarios por coronavirus parecen controlados, las autoridades sanitarias europeas proyectan por delante meses complejos. Previendo un invierno de convivencia “administrada” con el virus, las restricciones de los gobiernos llegan para limitar la propagación de las infecciones por variantes altamente contagiosas.

No habrá trabajo sin la “Green Pass”, parece la propuesta de los gobiernos de Italia y Francia, entre otros países. La obligatoriedad sería la regla, no la excepción. Decididos a cerrarles el paso a los reticentes a recibir una vacuna, ambos ejecutivos, por estas horas, aumentaran la presión para dificultar cualquier actividad cotidiana a los “no vax”.

La amenaza de rebrotes, estrés en los servicios sanitarios llegó. La suerte está echada, en especial con el inicio del ciclo escolar, situación que los expertos creen agitará al virus. Algunos, evitando la imposición, decidirán por la limitación de libertades para los no inmunizados.

Con este almanaque, que comenzó a correr, el gobierno italiano de Mario Draghi, no quiere demorarse y espera extender la obligación del pasaporte sanitario a todo el mundo laboral, sea público o privado. La disposición debería entrar en vigor para todos el 15 de octubre, pero en especial el lunes 18, aunque otra hipótesis es escalonar el inicio de la obligación entre el 1 y el 15 del próximo mes.

Hasta ahora Draghi, incluso a expensas de divisiones en su coalición de gobierno, impuso la vacunación para el sector educativo y salud. En esta etapa la discusión abierta es si con “la obligación de acceder a todos los puestos de trabajo” también debe entenderse a los empleados de comercio y profesionales independientes, como adelantan fuentes gubernamentales.

De confirmarse, el decreto que podría rubricarse hoy contendrá una excepción para aquellos trabajadores con comorbilidades que no le permitan vacunarse. Con la nueva reglamentación, los resistentes a la vacunación tendrían que gastar 15 euros en un hisopado cada dos días para poder entrar en el trabajo o moverse diariamente.

Italia espera endurecer las penas para quienes no cumplan las normas. Sin Green Pass, un trabajador deberá quedarse en su casa, considerándose un “ausencia sin justificación”. Luego de cinco días con esta situación, ingresará en licencia sin goce de sueldo a partir del día siguiente.

De confirmarse la dureza del decreto, tanto para maestros, profesorado y personal de salud, todos los trabajadores públicos y privados, soportarán la suspensión de sueldo desde el primer día de ausencia, con posibilidad de permanecer en baja no retribuida hasta el 31 de diciembre o hasta cualquier otro día, fecha límite del estado de emergencia, ahora fijada para finales de año.

El gobierno de Draghi, suma a la suspensión salarial, multas que van de los 400 a los mil euros, tanto para los que no tienen el certificado, como para el control omitido. El decreto mantendrá la opción de conseguir el pase para aquellos que atravesaron la infección por Covid 19. No obstante, el gobierno podría ir mas allá. El Consejo de Bioética italiano, como varias asociaciones médicas, reclaman lisa y llanamente la obligatoriedad.

Con más del 72% de la población francesa con al menos una dosis de la vacuna, la introducción del pase de salud el 30 de agosto, es una política sanitaria central del gobierno de Emmanuel Macron.

El ejecutivo galo, puesto como ejemplo mundial por implementar esta herramienta, busca lograr el umbral de la inmunidad colectiva. La vida pública cotidiana francesa necesita el código QR para ingresar a locales comerciales, gimnasios, salas de espectáculos o monumentos como la Torre Eiffel. La ley del 5 de agosto para el Green Pass, aprobada con urgencia por el Parlamento durante el verano francés, además ha impuesto la obligación de vacunación contra el Sars-CoV-2 para el personal sanitario.

El 31 de agosto, el grupo del Partido Socialista en el Senado también presentó un proyecto de ley para extender a todos los ciudadanos la obligación de la vacunación. Con ese pedido, el Senado dominado por la oposición de derecha examinará el 13 de octubre un proyecto de ley destinado a establecer la inmunización universal contra el Covid-19. El impulso lo darán legisladores del socialismo que quieren incluir la obligatoriedad del suero anti coronavirus, como las vacunas contra la difteria y el tétanos.

Mientras tanto, la obligación de vacunación para el personal sanitario, decidida el 12 de julio Macron, entró en vigor este miércoles. Esto involucra a enfermeros, médicos, personal hospitalario, auxiliares, bomberos, entre otros. La obligación produjo protestas, marchas y paros de los opositores a esta imposición.

El ministro de Sanidad, Olivier Véran, anunció esta mañana “unas 3.000 suspensiones” de miembros no vacunados del personal de enfermería de los establecimientos sanitarios y médico-sociales. Según el funcionario, “un gran número de estas suspensiones son sólo temporales” y conciernen “principalmente al personal de los servicios de apoyo” , “muy pocas batas blancas” . El ministro también señaló “algunas decenas de renuncias” .

En el Reino Unido, el gobierno, por el momento, ha rechazado la idea de pasaportes de vacunas aparte de los clubes nocturnos y prometió que sólo los traerá más ampliamente si las hospitalizaciones aumentan durante el invierno.

El gabinete de Boris Johnson ha presentado esta semana una hoja de ruta para el invierno. El “Plan A” para los próximos meses incluye una campaña de inyecciones de refuerzo que comenzará la próxima semana, y una guía para que las personas se reúnan al aire libre o abran las ventanas si están en lugares cerrados, usen una mascarilla en lugares concurridos y cerrados, se laven las manos con frecuencia y utilicen la aplicación de rastreo “NHS Covid -19”.

El “Plan B” podría incluir pasaportes de vacunas, mascarillas obligatorias y trabajo desde casa. El primer ministro británico, cuando anunció este martes a sus conciudadanos la estrategia, pidió que “sean muy cautelosos“ sobre la situación sanitaria, a pesar del reciente descenso de los casos de contaminación por coronavirus en Reino Unido.

Alemania, enfocada en las elecciones que determinarán quién sucederá a la Canciller Angela Merkel, por ahora opta por medidas contra aquellos que no cuenten con la vacuna Covid: castigarlos con más restricciones.

Es el sistema “2 G”', vacunados y curados en sus siglas en alemán, empezó a aplicarse en Estrasburgo a finales de mayo y, ahora, se ha extendido a seis de los 16 estados alemanes. Hay contrastes por regiones pero, la norma, es que los propietarios de cines, restaurantes o salas de espectáculos pueden decidir si dejan entrar solo a ese grupo inmunizado frente al coronavirus a sus locales, algo que les permite ofrecer una actividad lo mas normal.

Además, desde el pasado mes de agosto, se exige a los no vacunados contra el Covid-19 un test negativo para acceder a interiores. Estas actuaciones se toman a raíz del estancamiento que vive Alemania en la vacunación del coronavirus desde hace unos meses. Tan solo ha conseguido vacunar al 62 % de su población con la pauta completa de la vacuna covid, a diferencia de otros territorios como Portugal, éxito de inmunización con el 80% de su población con esquema cumplido.

Hostil al pasado de la salud, varias autoridades sanitarias europeas, que consideran “una solución provisional que crea problemas” , creen que “la vacunación obligatoria es la solución más sencilla, comprensible, justa e igualitaria”.

Aunque es un desafío político, en momentos de tensiones sociales, las voces se repiten: si no se alcanza el umbral del 90% de vacunados, cifra para lograr la inmunidad colectiva, todos los elegibles que todavía no están vacunados hoy, “es porque no están obligados a hacerlo por el momento” .

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