El balance de muertes relacionadas con la oleada de disturbios violentos y saqueos masivos que sacudió a Sudáfrica recientemente asciende a 337 personas, informó el gobierno de la nación austral. De todos modos, las autoridades aclararon que el orden se mantiene y que no se han producido más altercados en los últimos días.
“No se han registrado incidentes de desestabilización en ninguna de las dos provincias” de Gauteng y KwaZulu-Natal, las dos regiones que se vieron afectadas por los disturbios, aseguró este jueves en una rueda de prensa Khumbudzo Ntshavheni, ministra en funciones de la presidencia de Sudáfrica. De los fallecimientos adicionales, que son resultado de muertes a causa de las heridas sufridas durante los disturbios, 79 ocurrieron en Gauteng (la provincia donde se encuentran Johannesburgo y Pretoria, las dos ciudades más pobladas del país) y 258 en KwaZulu-Natal (este).
“Los organismos encargados del cumplimiento de la ley continúan con sus investigaciones” para asegurar que los instigadores de los disturbios sean llevados ante la Justicia, dijo Ntshavheni. La ministra en funciones confirmó que cuatro personas detenidas por presuntamente haber fomentado la violencia de los pasados días -identificadas como Bruce Nimmerhoudt, Sibusiso Mavuso, Clarence Tabane y Ngizwe Mchunu- han comparecido ya ante los tribunales sudafricanos.
Según dijo Ntshavheni, un total de 213 procesos judiciales por asesinato se han abierto a raíz de los disturbios vividos en el país. Asimismo, el Gobierno y los distintos actores sociales continúan evaluando los millonarios destrozos -que incluyen daños extensos en centros comerciales, fabricas y almacenes, pequeños negocios e incluso escuelas- y las herramientas de auxilio económico para los afectados. También prosiguen las operaciones policiales para recuperar los bienes robados, que serán, según el Ejecutivo, usados como prueba y luego destruidos, algo que ha causado una gran controversia en el país.
En un comunicado publicado el miércoles, Amnistía Internacional (AI) reclamó que las autoridades sudafricanas deberían revelar “qué sabían y cuándo en los días previos a la violencia que se cobró innecesariamente las vidas de la gente”. “El ministro de Seguridad del Estado fue grabado diciendo que tenían información y la pasaron al ministro de la Policía, pero no actuaron”, denunció la organización. Ntshavheni mantuvo hoy que revelar públicamente información de las agencias de inteligencia “no supondría un beneficio para el país”.
Esta oleada de incidentes violentos comenzó el pasado 9 de julio, inicialmente en forma de protestas por el encarcelamiento del polémico ex presidente Jacob Zuma (2009-2018) por desacato judicial, cometido al negarse repetidamente a declarar por corrupción. En los siguientes días, los altercados se replicaron en otras zonas -especialmente en Johannesburgo- y se tornaron en una cascada de disturbios y pillaje masivo sin precedentes para la democracia sudafricana, con turbas arrasando centros comerciales y tiendas, quemando edificios y vehículos y cortando carreteras y calles.
El estallido de violencia se vio así alimentado por problemas sociales preexistentes, como la extrema desigualdad, el desempleo, los elevados niveles de criminalidad general en el país y el malestar por la pandemia de COVID-19. Solo a partir del 14 de julio las autoridades empezaron a retomar el control de las zonas afectadas, gracias en gran medida al despliegue de 25.000 soldados para apoyar a la sobrepasada Policía. Según afirmó el presidente Cyril Ramaphosa, los incidentes fueron “instigados” y “hubo gente que los planeó y los coordinó”.
(Con información de EFE)
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