
La Unión Europea (UE) advirtió este martes que la alianza de Vladimir Putin con el régimen de Alexander Lukashenko marcará el futuro de las relaciones del bloque continental con Rusia.
Los líderes de la Unión Europea tendrán en cuenta el apoyo de Rusia al régimen bielorruso cuando se sienten a estudiar el rumbo a tomar en la próxima cumbre europea, según ha señalado el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, en un debate en el Parlamento Europeo.
Para el Consejo Europeo de finales de mes, la diplomacia europea que lidera Borrell presentará a los jefes de Estado y de Gobierno un informe con distintas opciones para decidir el futuro de las relaciones con Moscú en el que también pesará la alianza desarrollada con Minsk tras los comicios fraudulentos del pasado agosto.
Según ha admitido Borrell, el apoyo de Rusia resulta clave y se ha renovado en las últimas semanas. “Estoy de acuerdo en que nos enfrentamos a un dictador y de acuerdo en que tiene el apoyo de Rusia. Coincido plenamente en que hay que seguir usando instrumentos de presión”, explicó en su intervención ante la Eurocámara.
Frente a los parlamentarios detalló que Minsk ha intensificado la represión contra su población, alcanzando un punto en el que “cualquier expresión de disenso se reprime brutalmente”. “Ya no hay protestas masivas porque sencillamente la represión es sistemática”, denunció.

Por ello defendió aprobar nuevas sanciones contra Lukashenko y su círculo, sin que afecte en la medida de lo posible a la ciudadanía bielorrusa. “Para hacer tortilla hay que romper huevos. Tomaremos medidas que afectaran a la economía, pero hay que apoyar a la sociedad civil, la prensa libre, el Estado de Derecho y la celebración de unas elecciones libre”, apuntó.
A lo largo del debate, la mayoría de los eurodiputados pidieron firmeza a la Unión Europea y defender a los bielorrusos de la represión del régimen aprobando nuevas sanciones contra Lukashenko. Muchos insistieron en la necesidad de fortalecer a la oposición y la sociedad civil en el país. Además, reclamaron cerrar filas con Estados Unidos para incrementar la presión sobre Minsk.
Por su parte, Borrell advirtió de que el secuestro de un avión de pasajeros por parte de Bielorrusia y el posterior arresto de un periodista opositor -Roman Protasevich- y su pareja “cruzó muchas líneas rojas”.
El “secuestro” del avión de Ryanair que viajaba desde Atenas hacia Vilna, indicó el diplomático español, “cruzó muchas líneas rojas” al suponer no solo un riesgo para la seguridad de los más de cien pasajeros a bordo de la aeronave sino una violación de las reglas internacionales de aviación. También consideró “abominable” la detención de Protasevich y la posterior confesión forzada emitida en la televisión estatal por parte del periodista, que mostraba signos de haber sido torturado.
Pese a la creciente presión internacional, Lukashenko promulgó este martes una ley que modifica la normativa penal y, entre otras medidas, endurece los castigos por la organización de protestas no autorizadas y la rehabilitación del nazismo.

A partir de ahora, las personas implicadas en la celebración de actividades masivas e infracciones del orden que ya recibieron castigos administrativos en dos ocasiones durante un año, pueden ser procesados penalmente con un castigo de cárcel de hasta tres años.
Además, se endurece la responsabilidad por la organización y participación en “acciones que violan burdamente el orden público” donde el castigo de cárcel pasa de tres años a cuatro.
También afrontarán una sanción penal los miembros de organizaciones declaradas como extremistas y las personas que colaboren con ellos.
Los dueños de los portales de internet también afrontarán castigos por la difusión de información prohibida y en caso de reincidir dos veces en un año serán multados o condenados a cárcel por un plazo de hasta dos años.
El endurecimiento de la legislación penal se enmarca en una serie de medidas represivas emprendidas por Lukashenko tras las masivas protestas antigubernamentales que estallaron en ese país tras las elecciones presidenciales de agosto de 2020, que no fueron reconocidas por la oposición y países occidentales.
Con información de Europa Press y EFE
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