La Comisión Europea (CE) aprobó este sábado los planes de Francia para movilizar 300.000 millones de euros en liquidez para sus empresas a través de avales públicos para paliar el impacto del COVID-19, una medida que ha podido recibir luz verde gracias a que Bruselas ha flexibilizado sus normas de ayudas de Estado.
“La Comisión concluyó que las medidas son necesarias, apropiadas y proporcionales para remediar una seria perturbación en la economía de un Estado miembro”, dijo en un comunicado el Ejecutivo comunitario, destacando que están en línea con las medidas temporales adoptadas para facilitar la concesión de apoyo Estatal.
En concreto Francia ha recibido luz verde para proporcionar avales públicos sobre préstamos para empresas que tengan hasta 5.000 empleados a través de su banco de promoción nacional, Bpifrance.
También podrá proveer garantías estatales a los bancos sobre carteras de préstamos nuevos para cualquier tipo de empresa, lo que se considera una ayuda directa a las compañías que permitirá a los bancos proporcionarles rápidamente la liquidez que necesitan.
La Comisión ha considerado que estas medidas se ajustan a las normas adoptadas ante la pandemia de coronavirus porque afectan a préstamos con límites de madurez y tamaño, limitan el riesgo que asume el Estado francés a máximo el 90% e incluyen salvaguardas para asegurar que los bancos canalizan las ayudas a las empresas.
"Esto garantizará que el apoyo está rápidamente disponible, en condiciones favorables y limitado a aquellos que lo necesitan en la situación actual", explica la Comisión en el comunicado.
“Hemos aprobado estos esquemas bajo el nuevo Marco Temporal de Ayudas de Estado menos de 48 horas tras su aprobación. Estamos trabajando contrareloj con los Estados miembros para permitirles tomar acciones rápidas, efectivas y específicas para apoyar a la economía europea en este momento difícil”, dijo la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager.
La Unión Europea adoptó el 19 de marzo este Marco Temporal, que permitiría, de manera excepcional, canalizar ayudas en forma de ventajas fiscales, avales y préstamos públicos a empresas, y apoyos a la banca para hacer frente al impacto económico del coronavirus.
Este sistema, que ya se utilizó en 2009 durante la crisis financiera, permite a Bruselas autorizar ayudas públicas que en circunstancias normales no serían aceptadas siempre que vayan “destinadas a poner remedio a una grave perturbación en la economía de un Estado miembro”.
(Con información de EFE)
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