El artículo 155 de la Constitución prevé la suspensión del autogobierno de Cataluña, restaurado tras la dictadura de Francisco Franco (1939-1975), o incluso, podría ser usado para decretar un estado de emergencia en la región.
Su texto dice:
1.Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.
2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas.
"Es una cláusula de salvaguarda del Estado de derecho", le dijo a BBC Mundo José Carlos Cano Montejano, profesor de derecho constitucional de la Universidad Complutense de Madrid.
El artículo 155 le daría poder al Gobierno central para adoptar "las medidas necesarias" para forzar a esa comunidad a cumplir con las obligaciones constitucionales.
Ofrece "un marco de discrecionalidad amplio", cuya aplicación y alcance dependerían de la interpretación que haga el Gobierno español.
Aunque no hay restricciones explícitas, su aplicación está sujeta a la aprobación, "por mayoría absoluta del Senado", según dice el propio artículo.
Rajoy solicitó formalmente al Senado la aplicación de este artículo este viernes debido a su "rebeldía constitucional". La votación, se descuenta, será favorable. Tanto el Partido Popular, oficialista, como el PSOE (socialismo) opositor están de acuerdo.
Paralelamente, el Parlamento de Cataluña prepara el debate de una iniciativa de declaración de independencia de la región. La coalición Junts pel Sí, gobernante, y la Candidatura de Unidad Popular (CUP), la impulsan.
Así, el Senado puede activar en cualquier momento la tramitación del artículo 155 de la Constitución, que permite actuar contra una comunidad autónoma que no cumpla la ley.
Lo que no está claro es qué tan dura puede ser su aplicación. Mientras algunos prevén una solución negociada, con un llamado a elecciones y la renuncia del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, otros auguran una versión dura: el arresto de las autoridades y la intervención formal del govern para llamar a nuevas elecciones.
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