A dos días del referéndum de autodeterminación prohibido por la justicia española, los dirigentes independentistas de Cataluña debían explicar este viernes cómo celebrarán la votación ante el despliegue policial y judicial que lastró su organización. Tras cinco años reclamando una consulta sobre la independencia de esta región nororiental de 7,5 millones de habitantes, rechazada repetidamente por el gobierno español de Mariano Rajoy, el presidente catalán Carles Puigdemont decidió llevarla a cabo desoyendo las prohibiciones judiciales.
Pero la incertidumbre rodea su celebración. Numeroso material electoral fue incautado, departamentos claves en su organización están controlados de cerca por la policía, el órgano de supervisión electoral tuvo que ser disuelto y además la justicia ordenó cerrar las sedes de votación.
"Sabemos que el día 1 de octubre habrá muchas dificultades, pero también sabemos que ante cada dificultad (habrá) dos soluciones", intentó tranquilizar el jueves Puigdemont. Este viernes, el vicepresidente regional Oriol Junqueras y otros dos altos cargos deben "explicar el dispositivo de la jornada del referéndum del 1 de octubre", informó un comunicado gubernamental.
Las incógnitas son muchas. El organismo creado para supervisar el sufragio se disolvió cuando sus miembros recibieron multas de 12.000 euros diarios por desobedecer al Tribunal Constitucional y el departamento gubernamental encargado de contar los votos fue registrado la semana anterior por la policía.
Además, una jueza, que investiga al gobierno regional por desobediencia, malversación y prevaricación, ordenó el miércoles a las policías en la región el cierre de los diferentes espacios (escuelas, polideportivos e incluso centros sanitarios) designados como puntos de votación. Los Mossos d'Esquadra, la fuerza de seguridad catalana, se mostraron reticente a cumplir esta instrucción alegando el "más que previsible riesgo de alteraciones del orden público que se pueda derivar".
El Ministerio del Interior español, que coordina el dispositivo de seguridad frente a la votación, insiste en la necesidad de actuar por parte de los Mossos, que dependen del gobierno regional. De todos modos, también cuenta con miles de agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, enviados de refuerzo.
En las últimas semanas, estos dos cuerpos incautaron abundante material electoral, detuvieron a 14 altos cargos regionales implicados en la organización electoral y cerraron decenas de páginas web sobre el referendo. Esto generó indignadas protestas en Barcelona y otras localidades de esta región que, aunque dividida sobre la independencia, es mayoritariamente favorable a celebrar un referéndum legal y acordado.
Estibadores, bomberos, campesinos, abogados, sindicatos y estudiantes realizaron protestas denunciando la presunta represión del gobierno español, que también recibió una advertencia de dos expertos de Naciones Unidas recordándole la necesidad de "garantizar el respeto a derechos fundamentales". El jueves, unos 16.000 estudiantes marcharon por el centro de Barcelona para defender el referéndum y varios sindicatos estudiantiles planean la ocupación de los colegios electorales para evitar el precinto policial.
En la última encuesta del gobierno regional de julio, un 41,1% de los preguntados apostaba por la secesión contra un 49,4% en contra que, en estos momentos, duda o rechaza participar en esta votación ilegal, poco transparente y sin apenas campaña electoral. No obstante, el firme despliegue de Madrid contra la votación parece haber movilizado algunos votantes: según un sondeo del periódico digital Eldiario.es, la participación del domingo será del 63,3% contra el 52,9% pronosticado dos semanas atrás.
(Con información de AFP)
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