Reforma Minera y el Plan B: cómo se las ingenió AMLO para aprobar iniciativas parecidas en 2022

En 2022 el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) presentó dos reformas constitucionales, mismas que, al necesitar mayoría calificada (dos terceras partes) en el Congreso de la Unión, fueron rechazadas por la minoría opositora que se aferró a la negativa de cualquier iniciativa promovida por el jefe del ejecutivo federal.

Sin embargo, el mandatario se las apañó para promover legislaciones a leyes secundarias que garanticen, al menos, aspectos menores pero fundamentales en relación a las materias que pretendió modificar en el marco normativo mexicano.

La primera de ellas fue la Reforma Eléctrica, la cual promovía que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tenga el 54% de participación en el ramo (generación, transmisión, distribución y comercialización), esto para garantizar la soberanía energética del Estado mexicano sobre los productores privados.

Esta iniciativa, además de dotar de preponderancia a la empresa generadora del Estado en el mercado, incentivaba el proteccionismo a la infraestructura de la Comisión (plantas generadoras y red de transmisión) y a los recursos que producen este servicio, de tal modo que se planteó, de manera constitucional, que el litio, el gas y los cauces de ríos.

Ante esta propuesta, la oposición acusó un intento de AMLO por crear un supuesto monopolio de Estado en materia eléctrica, motivo por el que las bancadas del PRI, PAN, PRD y MC en la Cámara de Diputados votaron en contra de la Reforma Eléctrica, por lo que Morena y sus aliados (PT y PVEM) no alcanzaron la mayoría calificada que necesitaban para modificar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) y la iniciativa fue rechazada.

Para garantizar un aspecto de esta iniciativa, de manera paulatina, el gobierno federal de la llamada Cuarta Transformación (4T) promovió la Reforma Minera, la cual sólo modificaba la Ley Minera para garantizar que el Estado mexicano sea el único que pueda usufructuar el litio. Al tratarse de una reforma a una ley secundaria, la mayoría simple de Morena consiguió que se aprobara.

Algo similar ocurrió con la Reforma Electoral, la cual tenía un plan inicial de reformar la CPEUM para adelgazar la burocracia y generar ahorros anuales de hasta 15 mil millones de pesos; sin embargo, la oposición parlamentaria insistió en su postura e impidió que esta iniciativa consiga la mayoría calificada, de tal modo que fue desechada en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

Sin embargo, el presidente López Obrador promovió el llamado Plan B, en el que se modifican las leyes General de Instituciones y Procedimientos Electorales, General de Partidos Políticos y Orgánica del Poder Judicial; y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.

En este nuevo plan se prometió un ahorro de 5 mil millones de pesos, donde 3.5 mil millones de ellos provendrán del Instituto Nacional Electoral (INE), mientras que el resto de los recursos serán del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y demás dependencias político-electorales.

De tal modo que, al tratarse de iniciativas que no modifican la Carta Magna, la mayoría de Morena en el Congreso de la Unión pudo garantizar la promoción de la agenda de AMLO en el poder legislativo en los temas de coyuntura planteados por la 4T. Finalmente, se destaca que la oposición legislativa amagó con acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para promover controversias constitucionales y, de este modo, detener las modificaciones del gobierno federal; sin embargo, no es seguro que esto ocurra como ellos tienen previsto.

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