El presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Alito Moreno Cárdenas, anunció que su instituto acudirá hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para presentar una acción de inconstitucionalidad en contra del Plan B, en materia electoral, del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
Por medio de un comunicado de prensa, el líder del tricolor aseguró que, por vías jurídicas, combatirá lo que nombró como “un atropello” a la lucha democrática que se ha realizado en el país, por lo que indicó que no permitirán que se consolide un presunto golpe a las instituciones del Estado mexicano.
Sin embargo, detalló que no solo irán hasta el máximo tribunal mexicano, sino que también se agotarán todas las instancias jurídicas con el fin de no permitir que se siga violentando la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).
“El PRI acudirá a todos los recursos jurídicos para evitar que ese atropello a la democracia siga adelante, ya que las reformas aprobadas violan la Carta Magna”, se pudo leer este lunes 19 de diciembre.
Asimismo, Moreno Cárdenas adelantó que el PRI ya ha comenzado un análisis en materia legislativa y constitucional para la discusión que se seguirá teniendo en la materia en electoral; además, confió en que la Suprema Corte podrá determinar lo mejor para el país.
Finalmente, el exgobernador de Campeche indicó que el Plan B de AMLO es presuntamente una reforma “hecha a modo” que tiene como objetivo acabar con las autoridades electorales, pese a que éstas cuentan con reconocimiento internacional, por lo que señaló como fuera de lugar el comportamiento de la Cuarta Transformación debido a que alcanzó el poder mediante elecciones organizadas por el INE.
Por su parte, el coordinador de los diputados priistas, Rubén Moreira Valdez, adelantó que la discusión del Plan B en las dos cámaras del Congreso de la Unión podría alargarse hasta el mes de febrero del próximo año, puesto que se incurrieron en supuestas irregularidades del proceso legislativo en la Cámara de Diputados.
Y es que el legislador estableció que el convenido entre partidos -sobre ceder porcentaje de los sufragios total-, establecido en el artículo 12 de la Ley de Instituciones y Procesos Electoral, que vetó el presidente López Obrador ya había sido avalado en términos de la ley, ante lo cual instó al Senado de la República a realizar una revisión de los hechos y corregir los errores que se pudieron haber tenido durante el proceso.
“Se discutió (en la Cámara de Diputados) algo que no se debió de haber discutido. Es un grave error, no es una cláusula de vida eterna, no es un trasvase de votos, es una cláusula que ya está en 20 estados de la república y en todos los partidos. Es una división y una separación de votos”, explicó el exmandatario de Coahuila.
Finalmente, indicó que concuerda con el instituto electoral tiene que ser más austero; sin embargo, puntualizó que se pueden generar los cambios necesarios para afirmar que su autonomía se encuentra a salvo y no se verá vulnerada.
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