La penúltima de las presentaciones de Bad Bunny de su gira World’s Hottest Tour en la Ciudad de México estuvo repleta de caos debido a la cancelación de boletos a pocas horas de que iniciara el tan esperado evento.
Esto causó que numerosas personas quedaran fuera del Estadio Azteca a pesar de que llevaban su boleto. Por redes sociales estuvieron denunciando que las autoridades y los encargados del acceso, empleados de Ticketmaster se comportaron de formas agresivas y alegaban que se trataba de boletos falsos o clonados.
Lo cual terminó en que varias de las personas trataran de colarse al recinto con tal de ver al cantante puertorriqueño. Esta situación llegó rapidamente a la vista de miembros de la política quienes decidieron posicionarse en contra de los eventos.
Tal fue el caso de los diputados Emmanuel Reyes Carmona y Hamlet Almaguer por el partido de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), quienes propusieron a través de su cuenta de Twitter que la empresa Ticketmaster debía comparecer ante el Congreso.
“Ticketmaster es un agente económico que tiene poder sustancial de mercado en la emisión de boletos en México. Existen indicios de afectación a un grupo importante de consumidores. Solicitaremos comparecencia ante el Congreso por el caso del concierto de Bad Bunny”, señaló Almaguer.
En el mismo sentido fue la publicación de Emmanuel Reyes, sin embargo, usuarios de redes sociales indicaron que la propuesta era simplemente imposible al tratarse de una empresa privada y no de una paraestatal ni un órgano dependiente del estado.
Mientras que la secretaria de Morena, Citlalli Hernández, fue un poco más mesurada al afirmar que tratarían de legislar en contra de prácticas desleales y presunto abuso por parte de la empresa, especialmente en el concierto de Bad Bunny.
Pero el senador Ricardo Monreal Ávila se les adelantó, ya que horas antes, y por los numerosos casos que se registraron en meses anteriores, compartió en su cuenta que presentará una iniciativa ante el senado para evitar abusos de sobreprecio.
De acuerdo con la iniciativa, se buscará adiciones al Capítulo VIII Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor, con el que se añadiría el 76 Bis 2 y 76 Bis 3.
El primero establece que “el proveedor que ofrezca o comercialice boletos para eventos públicos se abstendrá de realizar cargos por servicio, comisiones, cobros por impresión, cobros por entrega del producto o análogos cuya totalidad supere una séptima parte del costo del bien”.
Además menciona que el consumidor tendrá derecho a recoger el boleto a partir del momento en el que lo determine el proveedor y hasta terminado el evento; mientras que en caso de que se cancele el evento se deberá hacer un reembolso íntegro, incluidos cargos y comisiones.
Igualmente establece la posibilidad de que se le actualice el boleto en caso de suspensión o modifiación del evento.
Mientras que el segundo artículo que busca adicionar establece que “El proveedor que comercialice boletos para los espectáculos a que se refiere el presente capítulo, deberá incorporar en cada boleto el sistema de trazabilidad que para tal fin establezca la autoridad competente”.
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