
Fue en diciembre de 2018 cuando el entonces recién presidente electo, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció la construcción del Tren Maya que, según él, se convertiría en el principal proyecto de infraestructura, desarrollo socioeconómico y turismo sostenible en la región sureste del país.
Desde entonces el magno proyecto que recorrerá la Península de Yucatán y que interconectará los estados de Tabasco, Campeche, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo, ha estado en la mirada pública por los señalamientos de impacto ecológico, comunitario y sobre cómo se cuidará la integridad virgen del medio ambiente de dicha zona.
Ante esta situación, el gobierno de México tiene un increíble equipo de arqueólogos y antropólogos del Instituto Nacional de Antropología (INAH). Están tratando de adelantarse a la construcción del ferrocarril, excavando todo lo que pueden antes de que las antigüedades sean arrasadas por el paso del tren.
Los arqueólogos se enfrentan a una serie de decisiones casi imposibles. Se les ha ordenado que rastreen la Península de Yucatán en México, en busca de ruinas no descubiertas y que los clasifiquen en una escala del 1 al 4; de una importancia insignificante a un profundo valor histórico. Cualquier cosa con una puntuación menor a 4 seguramente será atravesada por la vía férrea o destruida por completo. Las pérdidas hasta ahora incluyen casas y templos mayas milenarios.
Uno de los hombres encargados de rescatar parte de lo encontrado en el paso del Tren Maya es Manuel Pérez Rivas quien fue entrevistado por el The Washington Post, ahí este hombre, contratado por el Gobierno encabezado por López Obrador, encontró un centro maya escondido.
Los arqueólogos también han encontrado más de 600.000 fragmentos de cerámica antigua y 450 restos humanos. Han descubierto más de 900 cuevas y sumideros.

Las excavaciones ofrecen una ventana sin precedentes a áreas del corazón maya no exploradas previamente. Desde que los arqueólogos comenzaron su trabajo en 2020, han hecho un descubrimiento tras otro: una tumba de restos humanos bajo un montón de ofrendas ornamentadas, un grupo de cabañas mayas con jardines privados, una diosa tallada en piedra que sostiene un pájaro quetzal en su mano izquierda.
Esta situación ha acaparado las portadas nacionales e internacionales, acusando al gobierno de López Obrador en pasarse por alto diversas cuestiones como el estudio de impacto, así como el reclamo al daño ecológico hecho por sectores de oposición a su mandato, así como de la opinión pública.
Pues aproximadamente la mitad del país está en desacuerdo, según encuestas recientes. Senadores mexicanos han pedido a la UNESCO que intervenga. Activistas se han acostado frente a las excavadoras. Medios de comunicación nacionales informan de la creciente destrucción, con la cifra aumentando a diario.

Entre las preocupaciones más comunes que se han fijado se encuentra el daño y la sobreexplotación de los mantos acuíferos de la zona, la destrucción de los cenotes, la deforestación de 2,500 hectáreas de selvas húmedas, problemas de gentrificación, el riesgo de crisis por acumulación de residuos, entre otros más.
(C) The Washington Post.-
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