La Unidad Especial de Investigación y Litigio del caso Ayotzinapa (UEILCA) de la Fiscalía General de la República (FGR) tiene un nuevo fiscal: Rosendo Gómez Piedra, quien ahora será el encargado de encabezar las investigaciones sobre los 43 normalistas desaparecidos en 2014.
La designación de Rosendo Gómez se dio a conocer este miércoles 5 de octubre, luego de que Omar Gómez Trejo presentara su renuncia a finales de septiembre, a la cual el presidente Andrés Manuel López Obrador atribuyó a una serie de diferencias en los procedimientos que se siguieron para aprobar las ordenes de aprehensión.
Gómez Piedra es un abogado tabasqueño que anteriormente se había desempeñado como presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de la Secretaría de Gobierno de Tabasco, durante la gestión del ahora secretario de Gobernación, Adán Augusto López.
Asimismo, fue secretario de Gobierno cuando Arturo Núñez Jiménez era gobernador de Tabasco (2013-2018). También ocupó el cargo de director jurídico en el Fondo Nacional de Fomento al Tursimo (Fonatur) y el de subprocurador de Procesos de la Procuraduría General de Justicia del entonces Distrito Federal.
Gómez Piedra cuenta con una licenciatura en Derecho, una maestría en Derecho Penal y un doctorado en Ciencias Penales y Política Criminal. En sus inicios se desempeñó como Agente del Ministerio Público Investigador de la entonces Procuraduría General de Justicia del estado.
Controversias en caso Ayotzinapa
Su llegada a la UEILCA se da en un contexto de controversias sobre el caso Ayotzinapa, pues cabe recordar que la renuncia de Gómez Trejo se presentó luego de que se diera a conocer el informe de la Comisión de la Verdad sin testar.
Aunado a ello, cabe recordar que la FGR desistió de 21 órdenes de aprehensión de las 83 que se habían librado por la desaparición de los 43 normalistas. Gran parte de ellas (cerca de 20) fueron contra mandos militares y personal de tropa del 27 y 41 Batallón de Iguala.
Es por ello que se había hablado de una ruptura entre el fiscal general Alejandro Gertz Manero y Gómez Trejo, pues mientras el titular de la FGR exigiía agilizar la judicialización de los señalamientos contra el exprocurador Jesús Murillo Karam (acusado de tortura, desaparición forzada y obstrucción a la justicia), la unidad del caso Ayotzinapa solicitó el plazo de un mes para proceder.
Y es que la cancelación de la órdenes de aprehensión provocaron que se comenzara a dudar sobre el márgen de acción que los investigadores tienen sobre este caso. Incluso, en su momento el presidente Andrés Manuel López Obrador atribuyó la renuncia de Omar Gómez a una serie de diferencias y puntos de vista.
En su conferencia matutina del 27 de septiembre, el mandatario federal señaló que el fiscal renunció porque supuestamente “no estuvo de acuerdo con los procedimientos que se siguieron para aprobar las órdenes de aprehensión”. Asimismo, hizo un llamado a los padres de los normalistas a que confíen en que las investigaciones van a continuar para esclarecer lo sucedido en la noche del 26 de septiembre de 2014 en Guerrero.
Por su parte, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) denunció que la FGR ha obstaculizado parte de las indagatorias, particularmente la Dirección General de Laboratorios Criminalísticos, al señalar que dicha área “no diligenció favorablemente una solicitud de pericias de voz”, según información de Milenio. Ante esa situación, el GIEI solicitó la ayuda de España.
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