El exprocurador de Guerrero, Iñaki Blanco, aseguró que el entonces titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, le pidió declarar en contra del gobernador Ángel Aguirre, con la finalidad de señalarlo de presuntos vínculos con el narcotráfico.
En entrevista con Alejandro Domínguez, en Milenio Tv, el exprocurador estatal aseguró que días después de la reunión en la que supuestamente se “fraguó” la llamada “verdad histórica”, la PGR incluso intentó consignarlo ante un juez.
“En días posteriores a esa supuesta reunión, nosotros, me refiero a un círculo cercano de colaboradores y un servidor, fuimos llamados a la Procuraduría General de la República, donde se nos retuvo ilegalmente, donde se nos pidió que declaráramos en contra de Ángel Aguirre por sus supuestos o aparentes vínculos contra el narcotráfico y también se nos pretendió, en principio, arraigar, y después consignar; sin embargo no contaron con los elementos necesarios para ello”, aseguró Iñaki Blanco.
Rechazó haber participado en “una reunión en la que se hayan dado indicaciones para encaminar, dirigir o encauzar la averiguación previa en un determinado sentido”.
El exfuncionario guerrerense destacó que en ese momento existía una ruptura entre el gobierno del estado y el federal debido a la presión social que ocasionó la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos, ocurrida entre la noche del 26 y el 27 de septiembre de 2014.
“Queda claro que existía, en ese momento, una ruptura, confrontación, entre el gobierno federal y estatal (…) fue tal la presión que existía que, en su momento, Ángel Aguirre, gobernador de Guerrero, se vio forzado a pedir licencia, que prácticamente fue renunciar al cargo”, señaló.
Incluso, aseveró que la procuraduría de Guerrero sentó las bases de la investigación.
“Consignamos a 33 personas, entre ellas al presidente municipal, José Luis Abarca, y al secretario de Seguridad, Felipe Flores Velázquez, que a la fecha siguen en la cárcel y aportamos datos que permitieron ubicar a otras 30 personas que eran parte de ese grupo de reacción inmediata al interior policía municipal de Iguala, conocida como Los Bélicos, de quien se sabe, hay constancia, está debidamente acreditado que tuvieron participación activa en los hechos”, enfatizó.
Durante la audiencia inicial en la que compareció el exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam ante un juez de control del Reclusorio Norte de la Ciudad de México, la Fiscalía General de la República (FGR) aseveró que existió un “cónclave” en el que supuestamente estuvieron altos mandos de la Policía federal y de la propia PGR entre los que destaca el actual secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch y en donde se delineó la llamada “verdad histórica” en torno a la desaparición de los estudiantes.
García Harfuch fue comisionado de la extinta Policía Federal en Guerrero y llevaba 22 meses en el cargo cuando sucedieron los hechos en Iguala. Ahora se le ha involucrado directamente como parte del equipo que se reunió para establecer las líneas generales de lo que había ocurrido con los normalistas.
De acuerdo con los reportes, la reunión fue revelada por Lidia Bustamante Vargas, agente del Ministerio Público Federal del también llamado Caso Iguala, la cual se habría llevado a cabo dos días después de que la PGR atrajo el caso.
En esa reunión presuntamente ocurrida el 7 de octubre de 2014, estuvieron Jesús Murillo Karam, Tomás Zerón de Lucio, extitular de la Agencia de Investigación Criminal; Gualberto Ramírez Gutiérrez, excoordinador Antisecuestros de la SEIDO; José Luis Martínez Pérez, quien fuera delegado de la PGR en Guerrero; Carlos Gómez Arrieta, exjefe de la Policía Federal Ministerial; y Omar García Harfuch.
Los datos sobre el encuentro de alto nivel fueron aportados por Bernardo Cano Muñozcano, pues el secretario particular de Tomás Zerón se convirtió en testigo colaborador, apegándose a la figura del criterio de oportunidad.
Bustamante Vargas alegó que todo comenzó ese día para maquinar un artificio en aras de desactivar la indignación y presiones sociales por la desaparición de los estudiantes, por lo que fue el comienzo de la llamada “verdad histórica”.
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