Agentes federales, ministeriales y la Guardia Civil de Michoacán detuvieron a 10 policías municipales de Taretán, quienes están implicados en el delito de desaparición forzada y secuestro de dos víctimas.
Las supuestas acciones criminales ocurrieron en eventos distintos, hace cuatro y tres meses, respectivamente. Aunque una de las personas afectadas fue liberada, de la otra se desconoce su paradero desde que estuvo en manos de los agentes locales.
Derivado de investigaciones se pudo conocer la participación de ocho hombres y dos mujeres en cargos de seguridad, contra quienes se cumplió la orden de arresto. Se trata de Anwer “N”, Nora Deria “N”, Pablo “N”, Jorge Cristóbal “N”, Moisés “N”, José Luis “N”, Jesús “N”, Jorge “N” , María Elena “N” y Cristóbal “N”.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad, los agentes fueron capturados en coordinación con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. En tanto, la Fiscalía de Michoacán informó que todos fueron trasladados a la delegación de Uruapan, donde se definirá su situación jurídica.
“Después de que hicimos una inspección se cumplimentaron las órdenes de aprehensión y los investigados fueron puestos a disposición de la autoridad respectiva”, comentó el general secretario José Alfredo Ortega Reyes, jefe de la policía estatal.
Según reportes de las autoridades, el primer caso contra los policías ocurrió el pasado 10 de abril, alrededor de las 01:50 horas de la madrugada, cuando los imputados privaron de la libertad a José Adolfo “N”, quien fue trasladado en una patrulla al área de barandilla. En ese sitio estuvo 13 horas resguardado.
Casi un mes después, el 15 de mayo, los agentes municipales interceptaron a una persona sobre el boulevard Barrio Alto, en Taretan. Tras detenerla fue llevada a la zona de internamiento. Al día siguiente fue liberada, pero para ello tuvo que pagar una suma monetaria no precisada por la Fiscalía de Michoacán.
Nueve de los acusados se desempeñaban como policías activos, mientras que Cristóbal “N” ya no desempeñaba sus funciones en el Ayuntamiento. El proceso será encabezado por la Fiscalía Regional de Uruapan y se espera su eventual vinculación a proceso.
Las capturas fueron celebradas por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, quien aseguró que no será tolerada la corrupción ni la impunidad en el estado.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública, el operativo también implicó que pasaran revista de armamento y supervisar que los elementos tuvieran en orden su documentación como agentes del orden. Sin embargo, solo tres del total pudieron acreditar su examen de confianza.
Hasta la tarde de este 17 de agosto, la seguridad está reforzada en el municipio por policías estatales y el Ejército. Ortega Reyes dialogó con autoridades del Ayuntamiento, a quienes ofreció un destacamento. Pero funcionarios municipales deberán sesionar en el Cabildo para decidir si aceptan la intervención.
“Seguiremos con estas visitas a los municipios para coordinar estrategias de trabajo, pero también para detectar irregularidades y atenderlas en beneficio de la ciudadanía michoacana”, recalcó el secretario.
La desaparición forzada ha sido clasificada como un delito particular de violación a los derechos humanos por ser múltiple y compleja. Este delito vulnera los derechos de libertad, integridad personal, identidad, vida y reconocimiento de la personalidad jurídica. Lo mismo pueden participar policías que otros agentes que trabajen o estén auspiciados por el Estado.
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