Enrique Alfaro dio ultimátum de dos meses a los anexos clandestinos en Jalisco para su regularización

El gobernador estatal advirtió que si en 60 días no reúnen los documentos necesarios para su operación, dichos albergues serán cerrados definitivamente

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Los tres niveles de gobierno
Los tres niveles de gobierno harán un revisión exhaustiva en el Área Metropolitana de Guadalajara para detectar los abergues irregulares (Foto: Especial)

Debido al alto registro de centros de atención de adicciones que operan de manera clandestina en Jalisco, el gobernador estatal, Enrique Alfaro, lanzó un ultimátum para que dichos albergues reúnan la documentación necesaria para regularización; de lo contrario, advirtió que serán cerrados de manera definitiva.

Alfaro García señaló que si en un periodo de dos meses los anexos irregulares no cuentan con los permisos necesarios para operar, se les impodrán las sanciones administrativas correspondientes.

Lo anterior por los casos que se han reportado en la entidad en los que se denuncian un mal manejo de alimentos, anomalías en sus servicios, la falta de medidas de seguridad e, incluso, supuestos actos de tortura que antentan contra los derechos humanos de las personas que acuden a este tipo de albergues para recibir atención.

“En esta ciudad hay un serio problema relacionado con centros de atención de adicciones, anexos o albergues irregulares con casos indignantes que nos han mostrado una realidad que no podemos ignorar”, comentó el mandatario estatal a través de su cuenta de Twitter.

El gobernador de Jalisco adviritó
El gobernador de Jalisco adviritó que los anexos clandestinos serán cerrados si no reúnen la documentación legal dentro de dos meses (Foto: Twitter@EnriqueAlfaroR)

Este acuerdo fue el resultado de una mesa de trabajo en la que participó el gobierno estatal y los municipios del Área Metropolitana de Guadalajara, así como la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Coprisjal), el Consejo Estatal contra las Adicciones en Jalisco (CECAJ), la Secretaría del Sistema de Asistencia Social (SSAS) y la Secretaría de Salud estatal.

De esta manera, los tres niveles de gobierno harán un revisión exhaustiva y se implementarán operativos de seguridad en este tipo de centros con la finalidad de detectar irregularidades en los establecimientos registrados, al mismo tiempo que se podrán conocer aquellos que operan fuera de la ley.

Para logarlo, el gobernador de Jalisco aseguró que se brindarán todas las facilidades para la realización de los trámites burocráticos y que estos no sean un pretexto para no contar con la documentación requeridas por las autoridades. “Hay gente en riesgo y no lo podemos permitir”, aseveró.

De los 390 albergues registrados
De los 390 albergues registrados en Jalisco en 2021, solo 89 contaban con el reconocimiento del Consejo Estatal contra las adicciones (Foto: REUTERS/José Luis González)

Asimismo, Alfaro García hizo un llamado a la ciudadanía para que en caso de tener conocimiento de un anexo, albergue o asilo clandestino (o bien detectar conductas ilegales), reporten dichas irregularidads al 089 mediante una denuncia anónima.

De acuerdo con cifras del Censo Estatal de Establecimientos de Atención Residencial de Adicciones 2021, en Jalisco se obtuvo un registro de 390 establecimientos dedicados a este tipo de problemáticas, de los cuales solo 85 contaban con el reconocimiento de la Comisión Nacional y el Consejo Estatal contra las adicciones.

Una menor de 11 años
Una menor de 11 años recibió quemaduras en un albergue de Tonalá (Foto: Especial)

Uno de los casos más recientes en los que se detectaron anomalías fue en un albergue de Tonalá, en el que se dio a conocer que una niña había sido quemada con alcohol. Los hechos ocurrieron el pasado 22 de julio en la “Casa de vida Camino a la fortaleza”.

Reportes locales indicaron que se trataba de una menor de 11 años quien fue rociada con alcohol y posteriormente recibió una descarga eléctrica con una pistola taser, lo cual le provocó múltiples quemaduras en el barzo, abdomen y tórax.

Al respecto, el alcalde de Tonalá, Sergio Chávez, señaló que el albergue no tenía la licencia correspondiente, toda vez que “teníamos nada más el registro de 26 de este tipo de clínicas”, aseguró. Por su parte, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) fue notificada sobre este caso y se inició la investigación sobre lo ocurrido, pues los responsables podrían ser acusados de presunta tortura.

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