En las últimas semanas se ha registrado un incremento de violencia en Tamaulipas, esto de acuerdo con lo documentado por Artículo 19, el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), Propuesta Cívica y Reporteros Sin Fronteras (RSF).
De hecho, en 2021, la organización documentó 28 agresiones contra la prensa, es decir en promedio más de dos veces al mes se ataca a la prensa en la entidad. Las agresiones son cometidas tanto por parte de las autoridades como por particulares y grupos de delincuencia organizada, de acuerdo con las denuncias.
En los casos más recientes, se reportaron denuncias por lesiones y daños contra dos reporteros y un camarógrafo, quienes fueron víctimas de violencia física al cubrir los bloqueos de la Columna Armada Pedro J. Méndez y sus enfrentamientos con los elementos de seguridad en Ciudad Victoria.
Una historia de terror de entre muchas que se viven en la entidad: los tres periodistas viajaban en un vehículo compartido cuando los agresores les alcanzaron y les cerraron el paso. Se bajaron y golpearon a los tres comunicadores, además, a dos de ellos les quitaron su teléfono y los aventaron al suelo destruyendo totalmente ambos aparatos.
Esto aún cuando los reporteros y el camarógrafo intentaron mantener su distancia de los integrantes de la Columna.
Dentro de lo relatado por uno de los periodistas a Artículo 19, el reportero señaló que era muy probable que los atacantes supieran de su labor como reporteros, ya que estaban haciendo un en vivo de los hechos. “Nos identificaron y fueron directo contra nosotros” declaró.
Entre insultos todos fueron golpeados uno de ellos incluso fue sometido con la parte trasera de la pistola, donde van los casquillos. Todos traían armas cortas.
Cuando lograron quitarles los celulares, los dejaron ir. Finalmente los periodistas lograron escapar en el vehículo donde se transportaban y se retiraron de la zona.
A esto se suma el caso de Jesús Humberto González Deleija, locutor del programa La Comezón de la Raza y fotoperiodista en El Mañana de Reynosa, quien sufrió agresiones por parte de elementos de la policía, en el municipio de Reynosa.
Asimismo, el punto que culmina la situación en la entidad fue el asesinato de Antonio de la Cruz, reportero del diario El Expreso en Tamaulipas, quién fue atacado junto con su hija mientras se encontraban saliendo de su casa él pasao 29 de junio.
Además, en el último año se han reportado una serie de hechos violentos en los que se refleja el control de grupos criminales en varios municipios.
En el comunicado emitido por la ONG, se retoma el caso de los asesinatos de 19 de migrantes guatemaltecos en Camargo, quienes presuntamente fueron ultimados por agentes de la policía estatal, miembros del Grupo de Operaciones Especiales (GOPES).
También hace énfasis en las acusaciones contra el gobernador del estado, Francisco García Cabeza de Vaca y otros servidores públicos y candidatos de diversos partidos por delincuencia organizada, lavado de dinero, y defraudación fiscal.
Asimismo, destaca el caso de la presunta narconómina municipal en Matamoros, ya que de acuerdo con reportes de prensa, un alcalde morenista tiene en nómina al líder del Cártel del Golfo conocido como “El Vaquero”. A la par recuerda los últimos asesinatos de actores políticos en Tamaulipas.
“En este escenario, la generación de las llamadas autodefensas es una respuesta ante un estado ausente.”
Es por ello que Artículo 19, el CPJ, Propuesta Cívica y RSF exigen al gobernador García Cabeza de Vaca, coordinarse con los distintos gobiernos municipales, particularmente Ciudad Victoria, Hidalgo, Reynosa, y Nuevo Laredo, para tomar acciones preventivas y de protección en conjunto para frenar la violencia que sufren las y los periodistas en la entidad.
Yucatán, otro caso de agresión
México es el segundo país más peligroso para ejercer el periodismo, esto lo reafirman los diversos casos de agresión sufridos por las y los comunicadores.
En Yucatán a penas fue denunciado el caso de Alfredo Gris Cruz, quién fue violado por dos sujetos quienes se presume fueron enviados pore el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Esto, presuentamente por descubrir y publicar una serie de investigaciones sobre el Tren Maya, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en las que se denuncian posibles desvíos de recursos y pagos de servicios sexuales así como de derecho de piso a grupos criminales en los tramos que comprenden Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
A la par, la Asociación Mexicana de Periodistas Desplazados y Agredidos denunció que el mecanismo de portección fue omiso.
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