La muerte del expresidente Luis Echeverría Álvarez ocurrida el pasado 9 de julio, ha dado mucho de qué hablar, debido a que se trata de uno de los personajes de la política mexicana más controversiales de finales del siglo pasado.
Ya que a pesar de que su mandato se caracterizó por un rápido crecimiento de la economía, desarrollo de nuevos puertos marítimos y por una activa política exterior, su nombre se vio opacado por diversas acusaciones de violación a los derechos humanos.
Y es que a su gobierno se le atribuye la denominada “guerra sucia” en contra de los movimientos sociales que siguieron después de la represión de los estudiantes en el episodio conocido como el “Halconazo” en 1971.
Sin embargo, es considerado uno de los responsables de la masacre de estudiantes el 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco. Razón por la cual incluso fue juzgado por genocidio, convirtiéndolo en el primer mandatario en enfrentar ser juzgado por algún crimen.
Sin embargo, las investigaciones no continuaron por “falta de pruebas”. Es por eso que el Comité 68 Pro Libertades Democráticas, a través de un comunicado, pidió la reapertura del caso a la Fiscalía General de la República (FGR).
Y aparte de esto, demandaron “la extinción de dominio de los cuantiosos bienes de Luis Echeverría para que sean aplicados a la reparación del daño y en favor de sus víctimas”.
En el texto compartido a través de sus redes sociales, el Comité señaló que a pesar de la muerte del expresidente, este fue imputado y que “no extingue la causa por un crimen de Estado”, por lo que demandaron que se continúe con el proceso y se aplique también a los demás implicados.
De igual forma, un contingente del comité se manifestó frente a las puertas del Palacio Nacional, donde declararon que han luchado por más de cinco años para que se aplique la justicia y se esclarezca el caso y dieron lectura al comunicado.
También exigieron una reforma al sistema judicial para que ningún crimen de Estado quede impune “y jamás se vuelva a cometer” y recordaron que los crímenes de lesa humanidad no prescriben.
Echeverría Álvarez es el primer exmandatario en enfrentar un proceso penal. Ya que en el año 2006, la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado responsabilizó al priista de la matanza de los estudiantes en Tlatelolco el 2 de octubre del 68.
Por lo que se le giraron órdenes de aprehensión y se dictó un arresto domiciliario, pero debido a su edad evadió la cárcel y fue dejada de lado la investigación en 2009 por falta de pruebas, dejando como único responsable a su antecesor, Gustavo Díaz Ordaz, quien ya había fallecido en 1979.
Aunque en la toca penal quedó determinado que estaban acreditados los elementos del delito. Por esto, el Comité aseguró que “murió como imputado por el delito de genocidio, es decir que nunca fue exonerado”.
También se le acusó de desapariciones forzadas de disidentes durante la llamada “Guerra Sucia”, que abarcó de 1960 a 1980. “No olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos”, sentenciaron los miembros del Comité 68 Pro Libertades Democráticas.
A pesar de esto, durante el sepelio del exmandatario, Juan Velásquez, quien es llamado “el Abogado del Diablo” por haber representado a Echeverría en el 2006 y a otros personajes como José López Portillo, Carlos Salinas y Arturo “El Negro” Durazo, dijo que “va a ser recordado como un gran presidente”
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