Luego de que la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), informara sobre una denuncia en contra del expresidente de México, Enrique Peña Nieto, por presunto lavado de dinero, el actual mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseguró que no se trataba de ninguna persecución política hacia el exfuncionario.
Señaló que la denuncia no significa que se esté acusando a este personaje, sino que la indagación de información sobre personas que se encuentran políticamente expuestas es parte de la labor que debe realizar la UIF.
El Ejecutivo Federal aseveró que se debe actuar entre la transparencia y el no hacer juicios sumarios. Por eso es que no es posible culpar inmediatamente al exfuncionario por las operaciones que llevó a cabo por 26 millones de pesos.
En la conferencia matutina de este jueves 7 de julio, La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) brindó un informe de los “movimientos de cuentas” del expresidente, Enrique Peña Nieto (EPN), posteriores a su mandato (2012-2018) por los cuales se abrió una carpeta de investigación en la Fiscalía General de la República (FGR).
Según lo mencionado por el titular de la unidad, Pablo Gómez, el ex mandatario (como se le refiere en el reporte) recibió beneficios económicos por más de 26 millones de pesos mediante transferencias internacionales de México a España entre 2019 y 2021.
La cantidad total de 26 millones 1 mil 429 pesos se efectuó en tres movimientos los cuales, detalló, fueron realizados de manera directa por parte de una familiar consanguínea de Peña Nieto.
Por otra parte, la UIF localizó que el señalado sostendría vínculos corporativos con dos empresas (mencionadas como “empresa A” y “empresa B”) en las cuales se detectaron irregularidades fiscales y financieras.
Pero a pesar de que López Obrador aseguró que por todos estos cargos el expresidente de México no está siendo explícitamente señalado, es importante recordar que el 1 de agosto de 2020 se llevó a cabo una consulta popular para decidir si se enjuiciarían a los expresidentes del país por corrupción y otros delitos cometidos en sus respectivos mandatos.
La consulta tuvo una participación de solo el 7.11 por ciento del padrón electoral, con 6.6 millones de votos emitidos, en los cuales el “Sí’ arrasó con el 97.72 por ciento de los sufragios, es decir, 6.5 millones de personas; y el “No” únicamente obtuvo el 1.54 por ciento que representan 102 mil 945 personas. El resto fueron blancos o nulos.
La consulta popular, la primera celebrada a nivel nacional en México, fue convocada por López Obrador y en un inicio proponía enjuiciar a los expresidentes Carlos Salinas (1988-1994), Ernesto Zedillo (1994-2000), Vicente Fox (2000-2006), Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018).
Pero la Suprema Corte modificó la pregunta para preservar su presunción de inocencia y dejó un enunciado muy abierto que planteaba a los mexicanos si querían “emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados”.
No obstante, los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) calificaron, en su momento, a la consulta popular como un “ejercicio exitoso”.
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