Exoneración de Francisco Garduño confirma justicia selectiva e impunidad por incendio en estación migratoria de Ciudad Juárez, acusan colectivos

Organizaciones de la sociedad civil acusaron que la exoneración de Francisco Garduño Yáñez, extitular del Instituto Nacional de Migración (INM), por el incendio en la estación migratoria de Ciudad de Juárez, que ocurrió en marzo de 2023 y dejó un saldo de 40 personas muertass y 27 lesionadas, es una muestra de la justicia selectiva e impunidad en México.

En su cuenta de X, colectivos como Fundación para la Justicia y el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) acusaron que con el fallo a favor del exfuncionario ganó la corrupción DE “los políticos protegidos por el poder”.

“Las víctimas no perdieron un caso: ayer volvió a ganar la corrupción y la impunidad de los políticos protegidos por el poder. La exoneración de Francisco G.Y. tras la tragedia en la estancia migratoria de Ciudad Juárez confirma que en México la justicia es selectiva”, escribieron en la red social.

En una segunda publicación, afirmaron que el sistema judicial protege " a los poderosos" y no garantiza los derechos de las personas migrantes, por lo que consideraron que “la impunidad institucional sigue siendo el sello en casos graves de violaciones a derechos humanos”.

“La decisión judicial de eximir a un ex funcionario del Instituto Nacional de Migración , y hoy de la Secretaría de Educación Pública (SEP), demuestra que el sistema opera para proteger a los poderosos y no para garantizar los derechos de las personas en movilidad”, agregó.

De igual forma, señalaron que la resolución revictimiza a las familias de los 40 migrantes que fallecieron en el incendio y a los sobrevivientes, por “negarles el derecho a la verdad y a una reparación integral”.

Por ello exhortaron a no dejar absueltas las fallas estructurales y la omisión estatal, por parte de “un sistema judicial a la medida del poder”.

En otra publicación, indicaron que las organizaciones de la sociedad civil que acompañan a algunas familias de migrantes fallecidos y sobrevivientes seguirán defendiendo y promoviendo los derechos de las personas migrantes, adviritiendo que no normalizarán la impunidad.

Asimismo, exigieron que haya justicia real, actos de memoria y se emitan garantías de no repetición.

“En esta resolución la deuda mayor es con la justicia y las familias y los migrantes fallecidos y a las y los sobrevivientes, porque el incendio en la estancia migratoria de Ciudad Juárez era prevenible y no debieron morir 40 migrantes, ni dejar con secuelas de por vida a 27 más, ni 15 mujeres con secuelas psicológicas al ver como sus familiares morían porque no se les abrió una puerta”, puntualizó.

La resolución sobre Francisco Garduño ocurre más de tres años después de una de las tragedias más graves registradas en instalaciones migratorias de México. El caso expuso las condiciones de hacinamiento, encierro y falta de protocolos de emergencia en estaciones del INM, así como la participación de empresas privadas en la custodia de personas migrantes.

La suspensión condicional del proceso permitió que el extitular del INM evitara un juicio penal, siempre que cumpliera medidas de reparación y capacitación. Esta figura no implica una declaración de inocencia sobre los hechos investigados, pero el cumplimiento de las condiciones llevó al juez a decretar el sobreseimiento, con efectos similares a una absolución para Garduño.

La decisión mantiene abiertas las críticas de familiares, sobrevivientes y organizaciones de derechos humanos, que cuestionan si las indemnizaciones y la disculpa pública responden a la dimensión del daño.

También señalan que las responsabilidades no se limitaban a funcionarios y guardias presentes en la estación, sino que involucraban fallas en la operación y supervisión del sistema migratorio.

La postura de la presidenta Claudia Sheinbaum anticipa que el Gobierno federal no buscará reabrir por cuenta propia la investigación contra el exfuncionario. La presidenta sitúa el caso en las indagatorias realizadas durante el sexenio anterior y en las determinaciones judiciales ya emitidas.

No obstante, la apelación anunciada por la representación de las víctimas puede llevar el expediente a una nueva revisión.

Los recursos pendientes, incluidos juicios de amparo, mantienen vigente la disputa sobre el alcance de la reparación del daño, la clasificación de los delitos y la responsabilidad de mandos superiores.

El incendio también dejó pendientes medidas de atención para las sobrevivientes. Quince mujeres con afectaciones de estrés postraumático no fueron reconocidas formalmente como víctimas, de acuerdo con la defensa.

Su situación muestra que las consecuencias del siniestro van más allá de las cifras de personas fallecidas y lesionadas.