
La Fiscalía General del Estado de Chihuahua obtuvo el auto de vinculación a proceso en contra del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, quien es señalado por su probable responsabilidad en delitos como peculado y asociación delictuosa, ambos con penalidad agravada.
A través de un comunicado, las autoridades estatales informaron a la opinión pública que, debido a este proceso, el ex político miembro del Partido Revolucionario Institucional (PRI) permanecerá en prisión preventiva durante el periodo que duren las investigaciones.
Lo anterior, luego de que el agente del Ministerio Público expuso todo el caudal probatorio que obra en la carpeta de investigación, misma en la que se dio a conocer la forma en que presuntamente se cometieron ambos delitos en autoría con otros ex funcionarios estatales.
De acuerdo con la narración presentada por las autoridades locales, de manera “firme, sólida y fehaciente” se dio a conocer que entre los años 2011 y 2014, el entonces gobernador de Chihuahua habría presuntamente desviado recursos del patrimonio estatal.
Lo anterior, advirtieron, también fue con previo acuerdo en el que participaron tanto funcionarios del gobierno de César Duarte como personas ajenas al servicio público. En su esquema, explicaron, se delimitó perfectamente qué roles jugaría cada uno de ellos para lograr su cometido.

También confirmaron que la cantidad acumulada en las operaciones ilícitas que supuestamente practicaron fue de 96 millones 685 mil 253 pesos, mismos que fueron rastreados en múltiples cuentas pertenecientes a la Secretaría de Hacienda en la entidad.
Este desvío tuvo un periodo ya mencionado en el que el Gobierno del estado completó un total de 17 pagados a dos diversas personas morales que tendrían intereses personales y de negocios con el entonces mandatario César Duarte. Estos actos, advirtieron, “fueron orquestados e instruidos para la entrega de estos recursos públicos a través de 11 procedimientos administrativos simulados”.
Para dichas acusaciones, los agentes del Ministerio Público presentaron testigos, documentos periciales, estudios y análisis que sustentan el modo, tiempo y lugar en que, presuntamente, se cometieron los hechos. Por ello, se fijó un plazo de 6 meses para completar las investigaciones complementarias y se reiteró la prisión preventiva, por lo que Duarte enfrentará su proceso tras las rejas.
El priista permanecerá en el Centro Federal de Readaptación Social número 1 (Cefereso), ubicado en Aquiles Serdán. Durante su primera audiencia, el fiscal Roberto Fierro refirió que tras la evaluación médica practicada a César Duarte, su estado de salud no se verá en riesgo dentro de dicho penal.

Esta medida fue impuesta, pues en el pasado el gobernador huyó con destino a los Estados Unidos, donde fue arrestado y después extraditado a México, donde las autoridades cumplimentaron la orden de aprehensión y lo pusieron a disposición de las autoridades que lo requirieron. Es decir, existe un riesgo latente de que el ex gobernador pueda evadir a la justicia nuevamente.
“Esta representación garantiza la seguridad del imputado en cualquier Centro Penitenciario de la entidad, brindando trato igual y apegado a los derechos humanos como cualquier otra persona privada de la libertad”, finalizaron las autoridades locales en su comunicado.
Apenas el 6 de junio de 2022, se formularon las imputaciones en contra de Cesar Duarte, al tiempo que la parte acusatoria pidió la prisión preventiva, otorgada por el juez de control.
Sin embargo, advirtieron que el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial, de acuerdo con el artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
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