
El pasado 12 de abril, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) exigió al Gobierno de México abandonar el enfoque militarizado como estrategia de seguridad pública. En respuesta el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que “no tienen toda la información”.
“Ellos no tienen, con todo respeto, toda la información, no están actuando con apego a la verdad”, atajó el mandatario durante su conferencia de prensa de este 13 de abril.
A la par agregó que “ya no es el tiempo de antes en el que se usaba al ejército para reprimir o para rematar heridos como se hacía en la época de Calderón”. Cabe destacar que Felipe Calderón, expresidente de México, es conocido por implemantar la llamada Guerra contra el Narcotrafíco, un antecedente sobre las consecuencias de la militarización del país según expertos.

“Como ya ha sido ampliamente denunciado en el ámbito nacional e internacional, el enfoque de seguridad pública adoptado por el Estado desde los años noventa y fomentado por la reforma legislativa del 2006 que ha sido caracterizado por la militarización para combatir la delincuencia, ha sido insuficiente e inadecuado en lo que atañe a la protección de derechos humanos”, denuncia el Comité en el documento emitido el pasado martes.
Por ello, el organismo le recomendó al gobierno federal idear un plan de retiro “ordenado, inmediato y verificable” de las fuerzas militares que se encuentran realizando acciones de seguridad pública.
Cabe señalar que la actual administración ha destacado por la insistente participación de las fuerzas armadas: los principales proyectos de infrestructura del gobierno de Andrés Manuel López Obrador han quedado en manos de militares, tal es el caso del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), el Tren Maya o el proyecto turístico de las Islas Marías.
Por ello, el Comité le exigió al mandatario federal regresar al Ejército a los cuarteles, además de convertir a la Guardia Nacional (GN) en un mando civil, como fue planteado inicialmente.

La situación de las despariciones
La ONU presentó un documento sobre la crisis de desapariciones que vive el país. En él se da una serie de recomendaciones en atención a la situación de más de 98 mil personas no localizadas.
Además, según la información proporcionada por el Estado, al 26 de noviembre de 2021, solo un mínimo porcentaje de los casos de desaparición de personas, entre el 2 % y el 6 %, habían sido judicializados, y solo se habían emitido 36 sentencias en casos de desaparición de personas a nivel nacional.
“Ya se está atendiendo lo de la recomendación, lo está haciendo la Secretaría de Gobernación. Ayer incluso dieron a conocer un informe, la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas”, comentó López Obrador al respecto.
Asimismo explicó que la estrategia principal para la atenciónde dicha situación es “la que esta llevando a cabo la Secretaría de Gobernación, el plan de búsqueda, que es lo mejor del mundo en cuanto a profecionalismo, trabajo y honestidad, no hay impunidad”.
Como parte de las recomendaciones, el Comité urgió a México a fortalecer los procesos de búsqueda e investigación, brindar apoyo humano y financiero adecuado a la Comisión Nacional de Búsqueda y a las comisiones locales, y asegurar la coordinación sistemática y efectiva de todas las instituciones involucradas en el proceso de búsqueda, investigación, reparación y acompañamiento a las víctimas.
A la par hizo un llamado a las autoridades para eliminar los obstáculos en la persecución penal, y se preste la debida atención a las desapariciones de migrantes, asi como atender la crisis forense en el contexto de una Política Nacional para la prevención y erradicación de las desapariciones forzadas.
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