Empresas vendedoras de armas alegaron inmunidad ante demanda de la SRE; así contestó el gobierno de México

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó este lunes 14 de marzo que las empresas demandadas por esta dependencia por sus presuntas prácticas negligentes de negocios que favorecen el tráfico de armas en México presentaron su respuesta a la réplica promovida por el Estado mexicano.

En ésta, las empresas dedicadas al comercio de armas de fuego cuestionaron individualmente la capacidad del gobierno de México de demandar en Massachusetts y el vínculo entre sus acciones negligentes y el daño ocasionado por sus armas en territorio mexicano, algo que el poder ejecutivo ya tenía contemplado.

Asimismo, estas firmas insistieron en que la ley “Protection of Lawful Commerce in Arms” (PLCAA, por sus siglas en inglés) les da inmunidad sobre los hechos delictivos señalados, aún cuando éstos no se realicen en suelo estadounidense.

Esto atiende a que los representantes legales de México argumentaron en el escrito de respuesta que el Congreso de Estados Unidos, al legislar lo hacen pensando que las leyes sólo tienen alcance en su territorio, y cuando su intención es que se apliquen más allá de su país, lo manifiestan de manera explícita en la ley. Esto quiere decir que la inmunidad a la que apelan las empresas demandadas se extiende a lo largo y ancho de EEUU, pero en el momento que sus actos rebasan cualquiera de sus fronteras, se deben de apegar al derecho internacional.

En consecuencia, el gobierno de México sostiene que la PLCAA no ofrece inmunidad alguna a las empresas de armas por daños provocados por hechos delictivos cometidos con sus armas en México.

Cabe recordar que el Estado mexicano argumentó el 31 de enero ante la Corte Federal de Boston, Massachusetts, que su demanda debe seguir adelante tras el intento de las empresas de frenar el litigio. Asimismo, se debe de contemplar que, por la contundencia de la argumentación mexicana y el apoyo que generó su causa en EEUU y Europa, las empresas habían solicitado más tiempo para responder y una ampliación en el número de páginas para su contrarréplica, esto porque en el calendario original, la fecha programada era el 28 de febrero.

Marcelo Ebrard, titular de la SRE, ha explicado que para detener la violencia en México, una de las medidas que se deben de realizar es detener el tráfico de armas en la república, esto porque la única institución autorizada para comercializar y producir armamento es la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Lo cual refiere, de manera indirecta, en que la mayoría de las armas utilizadas por la delincuencia organizada han llegado del extranjero. Asimismo, estudios revelan que la mayor parte del armamento ilegal que circula en México proviene de EEUU, por lo que a la administración federal le resulta de suma importancia que las empresas comercializadoras de armamento dejen de vender a los criminales mexicanos.

De tal razón que la SRE inició un proceso legal contra estas empresas por presuntos actos negligentes, con lo cual se esperan generar múltiples resultados; sin embargo, dichas empresas presentan resistencia en los tribunales estadounidenses.

El gobierno mexicano estima que medio millón de armas cruzan lícitamente cada año el Río Bravo (cerca del 2.2 % de la producción total de Estados Unidos) y son responsables de miles de homicidios anuales.

Con la demanda, las autoridades mexicanas buscan que las empresas establezcan mayores controles en la venta de sus armas y también piden un resarcimiento económico por el costo que tiene la inseguridad en México, que oscilaría entre el 2% y el 6% del Producto Interno Bruto (PIB) mexicano.

“No es como si vendieran cucharas. Están vendiendo armas y deberían tener un nivel de cuidado mucho mayor […] Sabiendo que sus armas están causando tanta muerte en México, al menos deberían preguntarse ‘¿qué hacemos?’”, cuestionó Alejandro Celorio, coordinador de la demanda contra empresas armamentísticas.

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