La diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Carolina Dávila, presentó en la Cámara baja una iniciativa que busca sancionar con una pena de 50 a 60 años de cárcel a los funcionarios públicos que participen en un asesinato en contra de periodistas o defensores de los derechos humanos por motivo de sus actividades, opiniones, expresiones o manifestaciones.
De acuerdo con la priista, la propuesta busca reformar y adicionar la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el Código Penal Federal y la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
De esta manera, se adiciona una fracción III al artículo 219 del Código Penal Federal, para precisar que “comete el delito de intimidación, el servidor público que por sí o por interpósita persona, inhiba, intimide, hostigue, amenace o dañe la integridad física o psicológica por el ejercicio de su actividad contra las personas defensoras de los derechos humanos y periodistas”.
Asimismo, cuando las anteriores acciones causen directamente la muerte a un periodista o activista defensora de los derechos humanos, además de las penas establecidas -de dos años a nueve años de prisión y de treinta a cien días multa-, se impondrán las sanciones previstas en el artículo 307 Bis del Código.
La propuesta también establece en el artículo 307 Bis que “si el homicidio se comete contra un periodista o persona defensora de los derechos humanos por motivo de sus actividades, opiniones, expresiones o manifestaciones, se impondrá una pena de 50 a 60 años de prisión”.
Respecto a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la diputada del tricolor planteó adicionar el artículo 64 Quáter para señalar que “incurrirá en daño a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, el servidor público que en el marco de su actuación realice acciones u omisiones que desprestigien, obstaculicen y coarten las labores de defensa de los derechos humanos y periodistas”.
Mientras que con la reforma a la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, se prevé crear el Registro Nacional de Agresiones contra Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, el cual será de carácter público.
Además, con la creación del registro, Carolina Dávila sugirió estipular que comete el delito de daño el servidor público o integrante del Mecanismo que de forma dolosa omita emitir e implementar las medidas pertinentes de protección.
“Cuando las acciones del servidor público faciliten la comisión del delito de homicidio contra la persona defensora de derechos humanos, periodistas, peticionario o beneficiario, se le considerará como partícipe”, declaró.
La iniciativa fue enviada a las comisiones unidas de Transparencia y Anticorrupción, y de Justicia, para dictamen, y a la Comisión de Derechos Humanos, para opinión.
Cabe señalar que la propuesta se da luego de que la organización Artículo 19 indicó que en los últimos años en los asesinatos de periodistas y defensores de derechos humanos, el Estado mexicano “no se está investigando a sí mismo luego de que los perpetradores, en un gran porcentaje de los casos, son parte del propio Estado”.
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