El Instituto Nacional Electoral (INE), a través de su Consejo General, aprobó el protocolo para atender a víctimas en caso de que se presente violencia política en contra de mujeres en razón de género.
Norma de la Cruz Magaña, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, señaló que la aprobación de este Protocolo es un el reflejo del compromiso del Instituto para garantizar la máxima protección a los derechos político-electorales de las mujeres.
“El Protocolo guiará la actuación del personal del INE en el proceso de atención a la violencia política contra las mujeres en razón de género, ya que establece los ejes rectores de la atención de primer contacto y de la elaboración del análisis de riesgo que permita determinar la necesidad de dictar las medidas de protección y/o un plan de seguridad a las mujeres que presenten una queja o denuncia por violencia política ante cualquier instancia del INE y su debido seguimiento”, enfatizó el Consejo General en sesión ordinaria el viernes 25 de febrero.
Asimismo, De la Cruz Magaña lamentó que las cifras adviertan que en el desarrollo de los procesos electorales, aumentan exponencialmente las denuncias en materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPMRG).
“Los datos desafortunadamente arrojan que las mujeres de las diversidad sexual son las más afectadas, pero al mismo tiempo, demuestran la importancia de contar con información estadística, ya que a partir de esta información se pueden determinar los elementos centrales de las dinámicas y expresiones de la violencia política contra las mujeres en razón de género y eso permitirá plantear las estrategias necesarias y tomar las decisiones pertinentes para la prevención, atención integral y oportuna de estas quejas o denuncias”, indicó De la Cruz Magaña
Por su parte, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, celebró su creación pues aseguró que con este documento no solamente servirá para atender todas las eventuales quejas, sino también generará un avance en en este tema que afecta a las funcionarias públicas.
Cabe mencionar que el pasado 23 de febrero, Bertha Caraveo Camarena, senadora por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), se manifestó en contra de las agresiones que recibió por parte del youtuber mexicano Chumel Torres, quien la llamó “arrastrada y babosa”.
A través de su cuenta de Twitter mencionó: “En conferencia de prensa, denuncié la terrible violencia política de género de la que fui víctima por parte de @ChumelTorres. Después de escuchar a muchas compañeras que me apoyan, decidí que acudiré a las instancias correspondientes: SI NOS TOCAN A UNA, RESPONDEMOS TODAS”.
La polémica se desató luego de que Chumel agrediera públicamente a la senadora por defender a José Ramón López Beltrán, hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Las críticas fueron en torno al tema de la llamada Casa Gris en Houston, Texas.
Después de que el comediante hiciera estas declaraciones, la senadora expresó: “Quiero anunciar que sí denunciaré a Chumel Torres ante las instancias correspondientes. En un principio había pensado no hacerlo, pero alentada por la gente que me apoya y me respalda he caído en la cuenta de que hay que utilizar el derecho para defendernos porque cuando nos tocan a una nos tocan a todas”.
La funcionaria destacó que posterior a los hechos, no recibió ninguna muestra de sororidad por parte de las senadoras panistas, quienes “desde hace muy poco tomaron la bandera del feminismo”. Por este hecho, las acusó de oportunistas y antipáticas.
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