
Carlos Quintana, diputado federal por el Partido Acción Nacional (PAN), presentó una iniciativa para declarar nulos los resultados electorales en caso de que se llegara a comprobar la injerencia de grupos de la delincuencia organizada en la realización de dichos comicios.
De acuerdo con la propuesta de Quintana Martínez, se dotaría al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) con esta facultad cuando se acredite que durante el proceso electoral ha ocurrido la intervención, involucramiento, acto de intimidación, amenaza o influencia de persona o personas que pertenezcan a un grupo del crimen organizado.
Esta determinación también se aplicaría para el facilitador del mismo hecho en el proceso electoral, es decir, que las investigaciones apuntalen tanto de manera directa como indirecta a la intervención de grupos criminales en algo que interviniera en los criterios de votación por parte del electorado.

Para que se logre materializar dicho propósito, planteó reformar el Artículo 78 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral (LGSMIME). Se canalizó a la Comisión de Reforma Política-Electoral, el cual dice que “las Salas del Tribunal Electoral podrán declarar la nulidad de una elección de diputados o senadores cuando se hayan cometido en forma generalizada violaciones sustanciales en la jornada electoral”.
Específicamente, este artículo señala que para tener efecto vinculante, en el distrito o entidad de que se trate, se deben de encontrar plenamente acreditadas las intervenciones y que “se demuestre que las mismas fueron determinantes para el resultado de la elección, salvo que las irregularidades sean imputables a los partidos promoventes o sus candidatos”.
Sin embargo, no se especifica sobre algún otro tipo de elecciones ni la naturaleza de dichas intervenciones; es decir, se agregaría que, en caso de que las violaciones provengan de grupos de la delincuencia organizada, y siempre en cuanto sean acreditadas en su totalidad, los resultados serían anulados.
Cabe destacar que las elecciones del 2021 fueron particularmente violentas, en donde la vida de los candidatos corrió peligro a lo largo de las campañas. Tal fueron los casos al interior de Movimiento Ciudadano (MC), donde René Tovar, Alma Barragán y Abel Murrieta, candidatos a presidencias municipales en tres estados diferentes de la república, fueron ejecutados.

René Tovar Tovar, candidato en el municipio de Cazones de Herrera, Veracruz, fue asesinado el 4 de junio, dos días antes de las elecciones en las afueras de su domicilio. Al parecer, alrededor de las 22:00 horas (tiempo local), un grupo de hombres armados quiso secuestrarlo, pero como el candidato presentó resistencia, fue ejecutado en el lugar.
Alma Rosa Barragán Santiago, candidata a la presidencia municipal de Moroleón, Guanajuato, fue asesinada durante un mitin la tarde del martes 25 de mayo. A plena luz del día y mientras daba un discurso a la ciudadanía que acudió a un evento de campaña, la candidata fue atacada con arma de fuego.
Asimismo, Abel Murrieta, candidato a la presidencia municipal de Cajeme, en Sonora, fue asesinado la tarde del 14 de mayo. El homicidio fue llevado a cabo en vía pública y a plena luz del día, por lo que la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que se realizó un operativo para dar con los presuntos perpetradores.
Cabe destacar que estos no fueron los únicos casos de candidatos asesinados; sin embargo, sí fueron de los más emblemáticos durante el proceso electoral del 2021, por lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) lamentó lo ocurrido y aseguró que estos casos se investigarán para dar con los responsables.
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