Confirma Fiscalía de Oaxaca que existen al menos seis investigaciones en curso contra autoridades municipales por narcovinculos

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) confirmó que mantiene abiertas al menos seis carpetas de investigación contra autoridades municipales de distintas regiones de la entidad por su probable vinculación con grupos de delincuencia organizada. El anuncio lo realizó el fiscal general, Bernardo Rodríguez Alamilla, el 28 de septiembre, durante una conferencia de prensa encabezada por el gobernador Salomón Jara Cruz.

Las pesquisas se suman al caso ya conocido del alcalde de Juchitán de Zaragoza, Miguel Sánchez Altamirano, detenido días atrás junto a otras dos personas por presuntos nexos con el crimen organizado. Según explicó el funcionario, las indagatorias no se concentran en un solo punto del estado, sino que abarcan demarcaciones distribuidas en las ocho regiones de Oaxaca.

“Es parte de la información que se nos ha solicitado. Si existen algunas otras, eh, eh, investigaciones en torno a autoridades municipales, sí, lo tengo que mencionar, sí existen”, afirmó Rodríguez Alamilla.

“Por lo menos seis carpetas más de investigación en proceso de integración en contra de autoridades municipales que pudieran tener algún nexo con el tema de delincuencia organizada”, agregó.

El caso Juchitán como antecedente de la investigación

El punto de partida de estas revelaciones es la detención de Sánchez Altamirano, alias “Quetu”, junto con Carlos Alberto Paz López, alias “La Parka”, y el excomisionado de la Policía Municipal de Juchitán, Jhon Keni Moreno Segura. Los tres fueron arrestados en el marco de la Operación Sable, un despliegue que llevó 11 meses de trabajo y que dejó un saldo de 250 personas detenidas en total, entre ellas operadores financieros y de confianza ligados al grupo criminal conocido como “Los Cromos”.

El fiscal detalló los cargos y la situación procesal de los detenidos, afirmando que “en estas últimas justamente dieron por origen la detención de tres personas, entre ellas, el presidente municipal, el excomisionado también de la Secretaría de Seguridad, el municipio de Juchitán y una tercera persona que tenemos identificada también como agente generador de violencia en esta región”.

Sánchez Altamirano solicitó la ampliación del término constitucional para ofrecer pruebas, por lo que su audiencia quedó programada para el martes 29 de septiembre. Mientras tanto, permanece en prisión preventiva oficiosa en el penal del Altiplano. Paz López, “La Parca”, fue trasladado a un penal en Perote, Veracruz. Moreno Segura, por su parte, tiene audiencia fijada para el 30 de septiembre. Los tres enfrentan acusaciones por extorsión agravada y delitos cometidos contra la investigación y seguridad del Estado.

El grupo “Los Cromos” opera, según la información oficial, en los municipios de Juchitán de Zaragoza, Tehuantepec, Salina Cruz, Ixtepec, Espinal, Magdalena Tequisistlán y Unión Hidalgo, donde realiza actividades ilícitas como narcomenudeo, extorsión, cobro de piso, homicidios, secuestro y portación de armas. Las autoridades lo vinculan con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El método de la Fiscalía antes de solicitar órdenes de aprehensión

Rodríguez Alamilla explicó el procedimiento que sigue su institución antes de actuar contra un funcionario señalado. “Nosotros en términos técnicos y científicos tenemos que acreditar el tema de las carpetas y en esa lógica, hasta que se tiene la información ya confirmada, es cuando justamente se solicitan las órdenes como tales, eh, pasa por la autorización del juez”, indicó.

El fiscal detalló que la validación final corresponde a un juez, quien determina si el trabajo de integración cumple con los estándares necesarios. “Si el juez determina que esa información, que de alguna manera nosotros estamos integrando en la carpeta es válida, es técnica, es seria, es objetiva, otorga las órdenes y en esa lógica se puede intervenir de manera directa”, explicó.

El fiscal Bernardo Rodríguez Alamilla explicó que omitió identificar a los funcionarios bajo investigación por respeto al debido proceso y para evitar alertar a los involucrados, mientras la institución continúa recopilando pruebas técnicas y objetivas antes de solicitar órdenes de aprehensión ante un juez.

Por esa misma razón, el fiscal se abstuvo de identificar públicamente a los alcaldes, regidores o ayuntamientos que figuran en las seis carpetas restantes.

Consecuencias institucionales en Juchitán

Tras la detención del alcalde, el Congreso del Estado disolvió el ayuntamiento de Juchitán. El gobernador Salomón Jara designó a Francisco Vásquez Jiménez como comisionado municipal provisional para asumir las funciones de gobierno local mientras avanza el proceso judicial.

La captura del presidente municipal también generó un episodio adicional de tensión. Tras el arresto de Sánchez Altamirano, agentes de la Policía Municipal de Juchitán realizaron bloqueos carreteros en un intento de impedir el traslado del alcalde detenido.

Rodríguez Alamilla confirmó que ya se abrió una carpeta de investigación por esos hechos. “Ya se abrió una carpeta por tratar de interrumpir el paso de las autoridades, eso lo tenemos que hacer de oficio y se está investigando quiénes fueron”, declaró.

“Se menciona que eran policías municipales, eso tenemos que corroborarlo, pero sí hay una carpeta abierta por estos hechos en el traslado del convoy hacia el aeropuerto”, añadió.

El fiscal reconoció además que existen indicios de que algunos elementos de la Policía Municipal de Juchitán colaboraban con el grupo delictivo “Los Cromos” y le brindaban protección, una línea de investigación que continúa abierta junto con el resto de las pesquisas contra autoridades municipales del estado.