Hasta ocho años de prisión a quien trafique medicamentos del sector Salud, 50% más si son funcionarios

María Macarena Chávez, diputada federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), propuso imponer penas de dos a ocho años de prisión y multa de 500 a mil días conforme a la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente a quien venda o distribuya medicamentos propiedad de las instituciones de salud pública, esto para evitar la incidencia en la reventa de insumos sanitarios pertenecientes al Estado.

Este sábado 19 de febrero, la secretaria de la Mesa Directiva Cámara de Diputados señaló que para alcanzar este propósito se debe de reformar la Ley General de Salud (LGS), ya que este delito incide de manera negativa contra todos los derechohabientes a servicios de salud que se violenta de manera directa su acceso a la salud digna y tratamientos adecuados en el momento que padecen una enfermedad.

La iniciativa plantea adicionar el inciso V al Artículo 464 Ter para establecer sanciones a quien ofrezca en venta, comercie, posea, distribuya o transporte medicamentos, fármacos, muestras médicas, materias primas o aditivos propiedad de las instituciones del sector salud, ya sea en establecimientos o en cualquier otro lugar, cualquiera que sea su origen de fabricación.

Asimismo, cita que en caso de que funcionarios o empleados de dichas instituciones sean quienes cometan tales ilícitos, la pena se incrementará en un 50 por ciento.

Además, se pretende modificar el Artículo 225 de la LGS con el fin de que en el empaque de los medicamentos se use una presentación distinta entre los destinados al sector público, los cuales deberán presentar las leyendas “prohibida su venta” y “la venta al público de este medicamento constituye un delito en los términos de la Ley General de Salud”.

Durante la exposición de motivos, Chávez Flores dijo que la venta en el mercado negro de medicamentos sustraídos de manera ilícita de clínicas, hospitales, almacenes y depósitos de las distintas instituciones de salud, tanto federales como locales, contribuye al incremento de dicho mercado que se nutre de medicamentos falsos y/o adulterados.

Bajo esa lógica, señaló que en la clandestinidad también hay fármacos de importación irregular, los cuales son parte de la gama de fuentes de ingresos tanto para el crimen organizado como para el menor en México.

Señaló que los costos asociados a estas prácticas en las clínicas van a la alza y su impacto negativo en el patrimonio de las instituciones lleva a la escasez de medicamentos dirigidos a los derechohabientes y para la ciudadanía de escasos recursos que requieren tratamientos a largo plazo, en algunos casos, y en otros de por vida como enfermedades de naturaleza crónico-degenerativa.

Afirmó que la sustracción de medicinas, materiales y fármacos, en el mayor porcentaje es perpetrado al interior de las mismas instalaciones en su mayoría por empleados que tienen acceso a los depósitos y centros farmacéuticos del sector Salud, por lo que al incurrir en estos delitos son quienes principalmente hacen posible la cadena delictiva.

Finalmente sostuvo que la escasez de insumos médicos para atender la pandemia de COVID-19 provocó una respuesta rápida del mercado negro de fármacos, lo que hace necesario y urgente tomar cartas en el asunto; por ello, la iniciativa, que fue remitida a Comisión de Salud para su análisis y dictaminación adecuada, busca mitigar el daño a la salud pública debido al robo al sector público.

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