El escándalo de José Ramón López Beltrán, hijo del presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ha tambaleado los discursos de no impunidad y no influyentismo que el mandatario no sólo pregonó durante precampaña, también en la polémica de “La Casa Blanca”, en el sexenio de Enrique Peña Nieto (EPN).
Sin embargo, a ojos del periodista, Raymundo Riva Palacio, las revelaciones e incógnitas que ha dejado el caso del primogénito ya revivieron la memoria colectiva con la cual, poco a poco, la opinión pública comienza a percibirlos “cada vez más iguales que su antecesor. O peor”.
La “Casa Gris” - como ahora se le conoce - detonó a finales de enero un posible conflicto de interés, luego de revelarse que una de las mansiones en las que habitó José Ramón es propiedad de un ex ejecutivo de la petrolera Baker Hughes - la cual guarda relación con Petróleos Mexicanos (Pemex).
Asimismo, marcó el inicio de una ferviente defensa de López Obrador, quien no ha parado de señalar a la controversia como un intento de la oposición por desprestigiar su imagen y la de su Gobierno. Un acto el cual ha sido secundado por integrantes de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), pero “como si quisieran limpiar copas de cristal con guantes de box”.
Y es que en un intento por negar la supuesta injerencia con el Gobierno morenista, José Ramón afirmó que sus ingresos totales provienen de su empleo, el cual, reveló, actualmente lo desempeña como asesor legal en la empresa KEI Partners.
Pero dicha estrategia intensificó las críticas y rendición de cuentas para su padre, luego de identificarse - y confirmarse por López Obrador - que la compañía donde José Ramón labora es propiedad de los hijos de Daniel Chávez, supervisor de las obras del Tren Maya y autor intelectual de la rifa del avión presidencial, puntualizó el columnista en su texto para Eje Central.
Debido a su magnitud, Andrés Manuel descartó que existiera una relación de negocios entre el empresario y el Gobierno y, por lo tanto, algún tipo de influyentismo: “No cobra y no tenemos relación de negocios”, expresó en su mañanera del 14 de febrero.
No obstante, aún cuando KEI Partners aclaró una parte de la situación, Raymundo aseveró que la Secretaría de la Función Pública (SFP) - la cual no ha emprendido investigación alguna, como lo hizo con la “Casa Blanca” - está obligada a cumplimentar las indagaciones por la doble presunción de conflicto de interés: con la compañía del legado Chávez y Baker Hughes.
En 2014, Peña Nieto fue acusado de cometer conflicto de interés luego de revelarse que adquirió un inmueble de 7 millones USD, ubicado en Lomas de Chapultepec, a Juan Armando Hinojosa Cantú, dirigente del Grupo Higa y su contratista preferido.
Ante ello, Andrés Manuel había expresado, en su cuenta de Twitter: “El asunto de la nueva casa de EPN huele a lavado de dinero. Es un delito que debe investigarse de oficio. Un motivo más para que renuncie”. Un discurso que, ocho años después, ha desaparecido.
Es por este recuento que Riva Palacio puntualizó una incongruencia entre la postura que AMLO ha adoptado en el escándalo de su hijo, con la evidenciada durante la de la “Casa Blanca” de Peña Nieto: “En ese entonces, la posición de López Obrador fue de condena; hoy, de justificación”.
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