En la madrugada del 29 de enero, Beberly Vega, una joven veracruzana de 24 años, fue puesta en libertad tras ser detenida por defenderse de un ataque sexual perpetrado por un conductor de Uber, identificado como Romero “N”, el pasado 21 de enero en Puebla.
De acuerdo con el contingente REDefine Puebla, Beberly había abordado el vehículo para asistir a la asesoría de la residencia que realizaba en el estado. Pero al arribar a su destino, el agresor bajó los seguros del auto y subió los cristales, impidiéndole descender.
Sin embargo, el sujeto sometió a la joven en el piso, aún frente a la llegada de elementos de la Policía Municipal de Cuautlancingo que asistieron la situación; el conductor, la inculpó por intento de robo, según confirmó el gobernador, Miguel Barbosa.
De ahí que la estudiante fue puesta a disposición de las autoridades y posteriormente trasladada al Centro de Reinserción Social (Cereso) de Cholula en espera de su audiencia.
“Desde su declaración, iban a abusar de ella. Y desde la declaración de Uber, es que fue asaltado. Y (hubo) una detención en flagrancia. Me pronuncio por una investigación a fondo”, comentó Barbosa en conferencia de prensa.
Ante la noticia, familiares y contingentes feministas movilizaron el caso en redes sociales con los hashtags #JusticiaPorBeberly y #LibertadParaBeberly, reclamando el procedimiento que convirtió, ante la ley, a la víctima en agresora.
“Reprobamos la criminalización y revictimización que vive Beberly en Puebla, al estar retenida por defenderse de un chofer de Uber que intentó abusar sexualmente de ella.”, publicó Red La Morada.
En tanto, el Instituto de Derechos Humanos (IDHIE) de la Universidad Iberoamericana exigió detener la criminalización de la legítima defensa de la veracruzana al recordar que la “violencia basada en el género es por sí misma una agresión ilegítima que justifica la defensa de la víctima”.
El pasadp 28 de enero se llevó a cabo la audiencia de Beberly, en la cual la jueza, Karla Patria Ambrosio, avaló la defensa legítima de la víctima y, al considerar los criterios de perspectiva de género, ordenó su inmediata liberación.
De acuerdo al relato de la joven, y documentado por el medio Página Negra, Romero “N” la amagó con un cuchillo de 20 cm para intentar someterla, pero la estudiante se resistió y ahí comenzó la riña por su vida. El hecho fue presenciado por al menos cuatros testigos quienes lo reportaron al 911, detallando que “un hombre atacaba a una mujer”.
Al arribo de los policías, la víctima intentó explicar la agresión, sin embargo, el sujeto fingió desvanecerse para ser hospitalizado; suceso que derivó en el aseguramiento de la veracruzana.
Durante la sesión también se expusieron detalles de la versión de Romero “N”, sin embargo, la magistrada señaló deficiencias en el actuar del Ministerio Público, por agregar datos que inicialmente no fueron entregados en una primera audiencia.
Por esa razón, la Jueza Ambrosio acreditó la legítima defensa en la comisión del delito de lesiones y dictó la no formal de vinculación contra Beberly Vega. De esa manera, la pesadilla culminó con su liberación las 01:00 horas del 29 de de enero.
Cifras de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) indican que durante 2021 México registró 21 mil 189 violaciones simples y equiparadas, llegando a su máximo histórico para abril con 2 mil 17 casos.
En un ejercicio de cuentas redondeadas, estos números significarían que cada día se cometieron 58 violaciones y al mes mil 765. Además, si la cifra acumulada se dividiera entre los 32 estados de la República, implicaría que en cada uno se cometieron 600 violaciones al año (casi 2 por día).
Este escenario refuerza la postura de la Comisión de Derechos Humanos del (entonces) Distrito Federal, en la cual urgía considerar para casos de abuso sexual el contexto de vulnerabilidad de las mujeres en México y no juzgarlos como hechos instantáneos y aislados.
De esa manera, sustentó que una situación que potencialmente vulneraría la integridad de una mujer puede constituir una razón suficiente para efectuar un acto tipificado en la legislación penal con el objetivo de salvaguardar su vida e intereses.
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