
Benjamín Robles, diputado federal del Partido del Trabajo (PT), propuso incorporar a los titulares de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y del Servicio de Administración Tributaria (SAT) al Consejo Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), esto para atender las recomendaciones de Transparencia Mexicana.
Para incorporar ambas instancias como una medida de ajuste y fortalecimiento de la institución nacional especializada en el combate a la corrupción, Robles Montoya presentó una modificación al Artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).
“El Sistema Nacional Anticorrupción es la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos”, establece la Carta Magna en el artículo señalado.

Maribel Martínez, también del PT, suscribió la iniciativa, en donde se indica que estas personas servidoras públicas tendrán el carácter de invitadas permanentes a las sesiones del Comité Coordinador. Asimismo, se especificó que al tratarse de una reforma constitucional, la iniciativa fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales.
La propuesta del PT considera que la recomendación de hacer esta incorporación debe ser tomada en cuenta dada la necesidad de que el Comité Coordinador del SNA cuente con la información financiera y fiscal necesaria para el combate a la corrupción a través de los organismos especializados en la materia.
El diputado refirió que la UIF ha desempeñado una labor sumamente relevante en el combate a los delitos fiscales que tanto daño generaban al erario (corrupción, el lavado de dinero y, por supuesto, la evasión y elusión fiscal).

Por su cuenta, el SAT cuenta con el andamiaje legal, de personal capacitado e infraestructura para poder investigar y dar seguimiento a los grandes evasores para presentar denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) y que éstos cumplan con sus obligaciones tributarias.
Raquel Buenrostro, titular del SAT, explicó ante diferentes medios de comunicación cómo es que la dependencia que dirige establece sus líneas de investigación y qué indicios proporcionan las firmas que incurren en actos que contravienen a la ley.

Esto quiere decir que cuando las grandes firmas que suelen atender al régimen de personas morales cambian de razón social o sufren alguna transformación integral, el SAT presta atención a los miembros de esta sociedad, con la finalidad de encontrar acciones simuladas y presumiblemente fraudulentas.
“¿Por qué? Pues porque hay una enajenación de acciones, hay una venta de la empresa. Todas estas reestructuraciones a veces son fusiones (funciones es cuando dos empresas se unen para formar una sola). Si dos empresas se unen para formar una sola, a veces no es que si un señor tiene una empresa y este señor tiene otra empresa, no es que se junten nada más, sino que en el fondo hay una enajenación simulada, porque primero se fusionan y luego de repente el que tenía el 50% de las canciones aparece con cero y el otro señor aparece con el 100%”, ejemplificó.
“Eso, realmente fue una enajenación”, explicó. Entonces, lo que lo que observa el SAT en las auditorías son las reestructuraciones corporativas. “Si el señor de repente tenía 100 acciones y ahora tiene cero, pues eso quiere decir que las vendió”, es decir, llevó a cabo una acción, pero reportó otra. Finalmente, aseguró que esto ocurre, comúnmente, en “paraísos fiscales”.
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